Un mes de nerviosismo

Ayer, 1 de septiembre, entró en funciones la LXVI Legislatura de las cámaras de Diputados y de Senadores. Para realizar modificaciones constitucionales se requiere de una mayoría calificada (más de dos tercios de los votos) en cada una, así como el voto aprobatorio de 17 legislaturas estatales. En la de diputados, los partidos políticos integrantes del bloque gobernante cuentan con 73 por ciento de los diputados federales; en el Senado de la República, los legisladores de tales partidos más la adhesión de los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abarcan 85 de los 86 requeridos para la mayoría calificada. En una sesión sin senadores ausentes ni abstenciones en las votaciones, bastaría que uno de los 43 legisladores de oposición votara conforme a los del bloque gobernante para que se aprobasen las decisiones defendidas por este último. Además, este mismo bloque dispone de la mayoría de los diputados en 26 congresos estatales. Su poder político es abrumador.

Aunque la nueva Legislatura ya entró en funciones, la nueva Presidencia de la República lo hará hasta el 1 de octubre. Durante un mes el gobierno actual tiene un poder político mayor del que dispuso en el resto del sexenio, además del aseguramiento de continuidad ofrecido por la presidenta electa.

Más allá del acuerdo o desacuerdo con lo que el gobierno actual y el próximo hayan acordado para este mes, la transición representa un factor de incertidumbre y miedo por parte los grupos de poder económico y político opuestos al gobierno y al bloque mayoritario en el Congreso de la Unión. En especial, inquietan las posibles afectaciones económicas a los grandes grupos de poder, derivadas de un eventual Poder Judicial menos proclive a sus perspectivas o de reformas económicas (sobre todo en el sector energético) que puedan afectar a corporativos empresariales, aunque no se vislumbran cambios radicales.

La queja sobre el “poder absoluto” que tienen el gobierno actual y el entrante parte de un supuesto implícito: el poder está delimitado por los muros del Congreso de la Unión y de sus cámaras. Sin embargo, no es así. El poder también está en las instituciones financieras, en el control de empresas monopólicas, de tierras y de la producción agrícola y minera, etc.

En términos sociales sería desastrosa la implantación sistemática de decisiones que pudiesen provocar una fuga masiva de divisas (corrida financiera), el retiro masivo de empresas o la imposibilidad de diálogo entre los detentores del poder económico y el gobierno, pero también es desastroso el extremo opuesto. La captura del Estado por parte de los grupos de mayor poder económico implica enormes consecuencias ambientales, sociales, de exclusión y de violencia, que igualmente desgarran la posibilidad de vivir juntos y en paz. Por ello se requiere la negociación entre intereses diversos. Tal vez ésta sea una rara ocasión, en la que sí puedan existir contrapesos en el poder real (político y económico) en México.

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