La salida del pacto

La iniciativa presentada por el gobernador parte de una premisa correcta, pero de ella se derivan conclusiones que resultan sorprendentes. La premisa correcta es que el pacto fiscal es anacrónico. ¿Qué es el pacto fiscal (Sistema Nacional de Coordinación Fiscal)? Un acuerdo establecido entre el Ejecutivo federal, entidades federativas y municipios, a inicio de los ochenta, cuando el gobierno se planteaba “repartir la abundancia” del tesoro petrolero. Con el objetivo de organizar el reparto de los extraordinarios ingresos se establecieron criterios distributivos geográficos, en función del tamaño de las poblaciones, niveles de pobreza, actividad económica y contribución al PIB nacional, capacidad recaudatoria, etc. La “borrachera petrolera” duró poco y la “cruda” de la crisis de la deuda fue gigantesca. El sueño del “reparto de la abundancia” fue fugaz.

Sin embargo, las bases del pacto siguen presentes. Se traducen en las partidas de “aportaciones” y “participaciones” del presupuesto federal mediante las cuales se financia a estados y municipios. De tales partidas se deriva gran parte de los ingresos públicos de todos lados. Dadas las carencias económicas y sociales, tales recursos resultan insuficientes para lo que cada orden de gobierno quisiera realizar. A partir de ello se derivan reclamos, que en Jalisco llevan a decir que la Federación nos trata “injustamente”. Ahí es donde el argumento estatal resulta sorprendente.

Primero, para afirmar que la entidad recibe menos recursos de los que aporta a la Federación no basta con calcular los impuestos que se cobran en Jalisco y, en contraparte, los recursos que reciben los gobiernos estatal y municipales, especialmente en “Aportaciones” y “Participaciones”. Sería necesario georreferenciar el ejercicio de todo el gasto público; significa estimar dónde, geográficamente, se emplea cada peso de los más de 9 millones de millones que gasta anualmente el poder público federal, incluyendo desde el salario de la presidenta (por poner un ejemplo), hasta el origen geográfico de la deuda, interna y externa, de cada peso que el gobierno debe de pagar. Esto resulta por ahora imposible en los términos de infraestructura tecnológica y fiscal existente. En realidad, los grandes financiadores históricos del gasto nacional han sido Campeche y Tabasco, considerando que ahí radicaba la base principal de ingresos públicos: el petróleo.

Segundo, el discurso del gobierno estatal parece confundir “Jalisco” con “el gobierno de Jalisco”. Gran parte del gasto público en Jalisco, desde el presupuesto de la UdeG, la Guardia Nacional, hospitales, escuelas, infraestructura eléctrica, y mil etcéteras, es efectuado por el gobierno federal, en beneficio de la entidad, pero no de su gobierno.

Tercero, para contar con mayores recursos, los gobiernos locales cuentan con herramientas para cobrar más, pero no están dispuestos a enfrentar los costos políticos.

Cuarto, la expectativa de la salida del pacto sería caótica. Imagínese una estructura fiscal (IVA, ISR, IEPS) significativamente distinta entre Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit. Además, la salida no impediría la atribución federal del cobro de impuestos, sino que habría que adicionarle los estatales.

Por último, el momento de la iniciativa es extraño, dos semanas antes de que el gobierno estatal termine, con gran parte de los municipios (inclusive del AMG) bajo gobiernos opositores, un Congreso local dividido y diputados federales por Jalisco provenientes de la oposición estatal. ¿Qué sentido tiene tal iniciativa? ¿No sería momento de “bajarle tres rayitas al tigre”, en vez de seguir amarrando navajas?

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