El mando civil en la guardia nacional

Después de meses de polémica sobre la conveniencia de militarizar o no el mando de la seguridad en el país, los grupos parlamentarios del Senado lograron consensuar modificaciones que llevaron a aprobar prácticamente por unanimidad la creación de la guardia nacional. La iniciativa se aprobó también por la Cámara de Diputados y ha comenzado el proceso de discusión en las legislaturas de los estados para que pueda realizarse la reforma constitucional. La esencia de los cambios que se aprobaron es que el mando de la guardia nacional será civil y que la presencia de las fuerzas armadas tendría un plazo perentorio para su intervención (cinco años) en tanto se fortalecen las distintas corporaciones civiles encargadas de la seguridad pública.

La iniciativa original consideraba mando militar para la guardia nacional; sin embargo, esta propuesta generó inconformidades y las Comisiones Unidas del Senado y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara  de Diputados realizaron audiencias públicas, mesas de trabajo, consultas con expertos, organismos internacionales, familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes manifestaron su preocupación sobre el tema de violaciones a los derechos humanos en caso de continuar la tendencia hacia la militarización de la seguridad iniciada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto. 

El texto de la iniciativa se presentó en noviembre de 2018, coincidiendo en tiempo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso Alvarado Espinoza y otros, en la que se condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes a manos de militares. En el cuerpo de la sentencia de la CIDH se abordó el riesgo de la militarización considerando la “preocupación por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público” y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de las autoridades civiles.

En la sentencia del caso Alvarado de la CIDH se expuso también lo señalado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en el sentido de que “el uso de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática, sin tampoco haber puesto fin a la violencia”.

El resultado del proceso legislativo para aprobar la reforma constitucional y crear la guardia nacional tuvo aspectos positivos al lograr el consenso prácticamente de la totalidad de senadores y diputados mediante distintos cambios a la iniciativa original: definir que la seguridad pública tiene como fin salvaguardar la vida, libertad, integridad, patrimonio y contribuir al orden público y paz social; considerar en el desempeño y formación de los integrantes de la guardia nacional y demás instituciones policiales el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género; definir con precisión lo que debe entenderse como “uso de la fuerza” en una ley nacional; señalar que serán sólo cinco años para que el presidente de la República pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.        

Siendo la preocupación por la inseguridad una de las prioridades de atención urgente en el país, es alentador que todos los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos lograran llegar a un acuerdo por unanimidad; que los organismos defensores de derechos humanos, los colectivos de familiares de las víctimas y los expertos en el tema de la seguridad se hayan hecho escuchar para sugerir los ajustes que fueron realizados y priorizar un mando civil, teniendo como eje el respeto y protección de los derechos humanos.

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