Derecho a la memoria

El 5 de junio de 2023 fue colocado en el Centro de Guadalajara un antimonumento denominado 5J por hechos de represión de 2020. La placa situada a pie del memorial dice: “El 5 de junio de 2020 la Fiscalía del Estado desapareció durante horas a un centenar de personas (en el contexto de las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López, quien fuera ejecutado extrajudicialmente el 4 de mayo). A pesar de que la CNDH y la FGR atrajeron el caso, las graves violaciones a los DDHH de los días 4, 5 y 6 de junio no han sido debidamente investigadas, tampoco se han reparado los daños. Responsabilizamos al gobierno de Jalisco por los hechos, apuntando que las desapariciones y la impunidad continúan”. Firman #5deJunioMemoria y colectivos de Jalisco.

Ese mismo día por la noche el antimonumento fue retirado por personal del Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado. El argumento de las autoridades para quitarlo es que no había un permiso para su instalación en dicho espacio de la ciudad. Estas marcas, antimonumentos o memoriales no requieren de un permiso, ya que son actos que desde la sociedad, ciudadanía o colectivos se realizan como una forma de combate frente a la impunidad y la búsqueda de justicia.

Existen numerosos ejemplos en el país de estas marcas que se sitúan en la geografía nacional para exigir justicia y que tragedias como la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la muerte de 49 infantes en la guardería ABC de Sonora, el asesinato de 72 migrantes en San Fernando o los 65 trabajadores mineros muertos en un accidente en Pasta de Conchos no se repitan nunca más. Ninguno de esos antimonumentos ha sido retirado del espacio público.

El accionar colectivo en este ejercicio de memoria realizado en Guadalajara contra la impunidad y por la exigencia de justicia se inscribe en lo que la Organización de las Naciones Unidas denomina como principios de lucha contra la impunidad, como son el derecho inalienable a la verdad; “el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”; deber de recordar que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar… esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva”; el derecho de las víctimas a saber “independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones”.

Al retirar el antimonumento las autoridades de Jalisco perpetúan la impunidad y violentan la exigencia de justicia, atentan contra la memoria colectiva que permite sostener sanción y castigo a los responsables, reparación integral del daño a las víctimas y que se otorguen garantías de no repetición a la población, ante hechos que constituyen un crimen de lesa humanidad, como la desaparición o las acciones de represión y agresiones frente al derecho de protesta de la ciudadanía.

La memoria no es solo un derecho, es también un deber social que permite sostener la exigencia de juzgar a los responsables de violentar los derechos humanos, los memoriales, marcas o antimonumentos como el 5J visibilizan la exigencia colectiva de que nunca más la desaparición forzada se convierta en una práctica para contener la protesta social, que nunca más se trate de impedir la libertad de expresión con golpes, represión y violencia hacia las y los jóvenes, que nunca más la impunidad que prevalece ante las desapariciones se siga perpetuando en Jalisco.

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