Desplazamiento forzado por la violencia

Naciones Unidas se refiere como desplazamiento interno a aquellas “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual”, las razones fundamentales son contextos de violencia generalizada, conflicto armado o graves violaciones de derechos humanos o desastres naturales.

En México, este fenómeno se ha presentado en diversas regiones del país debido principalmente a contextos de violencia; aunque la presencia de mineras e industrias extractivistas ha provocado también desplazamiento interno. Para Jalisco fue muy claro el caso de las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín donde durante la construcción de la Presa El Zapotillo muchas personas se vieron obligadas a dejar sus hogares ante la incertidumbre del despojo de su territorio.

Respecto del desplazamiento por violencia se destaca la comunidad de Teocaltiche, en Jalisco, pues en 2021 y en plena pandemia de Covid-19, alrededor de 600 personas huyeron de sus comunidades por la fuerte inseguridad, lo mismo sucedió posteriormente en poblaciones que colindan con Zacatecas, algunas regiones de Michoacán y de manera reciente en la población Los Naranjos, en Tequila, ya que un grupo numeroso de familias se vieron obligadas a salir de forma urgente por amenazas a su vida.

Aunque instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han presentado informes sobre el desplazamiento interno en México, es una situación que poco se visibiliza. Es hasta 2022 que el Estado mexicano y la Organización de Naciones Unidas en su área de Derechos Humanos suscribieron un acuerdo para tener una oficina, establecer un programa y realizar una visita para valorar el contexto del país.

Los resultados de la visita se dieron a conocer a mediados de 2023, destacándose por parte de la Relatora que “las causas del desplazamiento interno en México son diversas y multifactoriales; incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas”.

Entre los retos que el país debe afrontar para atender el problema se encuentra reconocer el problema, establecer acciones concretas a seguir con presupuesto adecuado y ajustar los marcos normativos para la protección debida de las personas. La relatora sugiere necesario enfoque diferencial de edad, género y diversidad y emitió recomendaciones generales que para el Estado mexicano: adoptar la ley general sobre el desplazamiento interno (hay una propuesta que se ha discutido pero aún no la aprueba el Senado); adoptar una estrategia integral para abordar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en todos los niveles de gobierno; garantizar que las leyes vayan acompañadas de reglamentos e instrumentos para implementarlas, fortalecer a las instituciones que deban brindar asistencia y evitar la revictimización de las personas desplazadas.

Naciones Unidas elaboró una serie de principios rectores para orientar la actuación gubernamental ante el desplazamiento y proteger a las personas por situaciones que violenten su dignidad, las familias tienen derecho a permanecer juntas, las autoridades deben brindar apoyo para situaciones urgentes como alimentos, agua, cobijo, vestido, servicios médicos considerando siempre las necesidades particulares de mujeres y de la niñez.

Frente a lo sucedido en Los Naranjos la atención debe ser inmediata para resolver las necesidades de quienes abandonan sus hogares ante la inseguridad.

[email protected]

jl/I