Dinamitar al Poder Judicial para cambiarlo

Nadie puede decir que el Poder Judicial funciona de manera adecuada. Por ello, es cierto que hacen falta los cambios para que el nombramiento de jueces y magistrados deje de ser un reparto entre partidos políticos. 

El problema surge cuando al tratar de hacer estos cambios, en realidad se busca controlar al Poder Judicial. La reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado y promulgada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no permite pensar en condiciones de mejora. Lo primero que arroja el proceso que se ha seguido es la certeza de que el tema terminará resolviéndose en tribunales. 

Al modificar la Constitución local, los diputados incluyeron temas que ya han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, por lo tanto, se fijó criterio sobre los mismos. Uno de estos es el de los exámenes de control de confianza. El máximo órgano de administración de justicia en el país había determinado que este tipo de revisiones son inconstitucionales. A partir de esa resolución, los jueces y magistrados pueden promover juicios de amparo para eludir estas evaluaciones.  

Lo anterior, al margen de si el presidente del STJE Ricardo Suro Esteves presenta o no la controversia constitucional aprobada por el pleno el 9 de julio pasado. También sigue latente la posibilidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente su propia controversia, luego de que los diputados incluyeron la prueba del polígrafo, sobre la cual ya el organismo había resuelto que es violatoria de los derechos humanos. 

Otro punto para el conflicto es el haber de retiro, sobre el cual también la Corte ya había fijado criterio.  

Al resolverse juicios y controversias relacionados con la edad en que los jueces y magistrados deben dejar el cargo, la Suprema Corte determinó que el Congreso del Estado sí podía establecer una edad tope para ocupar estos puestos, pero también ordenó a los diputados locales legislar sobre el haber de retiro, como un reconocimiento a la carrera judicial. 

Después de esa resolución de la Corte, los diputados determinaron la fórmula para el cálculo de esa prestación; sin embargo, los magistrados que han logrado cobrarla han tenido que presentar juicios de amparo. Una vez que estos se resuelven, siempre a su favor, les pagan. 

Estas decisiones que ha tomado la Corte permiten adelantar cómo resolvería en caso de que se presente la controversia constitucional y, también, cuál sería el criterio que tendrían que seguir juzgados y tribunales federales si se promueven amparos. 

Esto significa que más allá de la defensa que hagan el Poder Ejecutivo y algunos diputados, es muy probable que lo que se aprobó tenga que modificarse o, al menos, suspender su entrada en vigor. 

Todo esto implica un desgaste que parece innecesario. 

Además, al entrar en vigor los cambios muchos jueces y magistrados optarán por defenderse ante la justicia federal, lo cual se convertirá en un distractor a su ya de por sí saturada carga de trabajo. 

Los ajustes al Poder Judicial no solamente deben incluir los mecanismos para mejorar el perfil de quienes lo integran y reducir las posibilidades de corrupción. También sería importante que se busque fortalecerlo. 

En el momento de violencia e impunidad que vive el estado, a nadie le sirve que uno de los principales actores para que esto cambie, el Poder Judicial, quede debilitado o que siga siendo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo. 

En este caso, como en otros temas, el gobierno del estado ha apostado por la imposición y la confrontación, en lugar de buscar consenso. Como si para cambiar al Poder Judicial primero hubiera necesidad de dinamitarlo.

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