Quinto Patio

¿Que por qué estamos como estamos en cuanto a inseguridad pública en Jalisco? Aunque son diversas las causales, una a tomar en cuenta son las condiciones laborales de los policías. Y si uno lee la recomendación que ayer hizo pública la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hallará una parte de las respuestas. Lo que halló el organismo es que no todos los elementos policiales del estado y de los municipios, cuentan con seguridad social; no todos están afiliados al Instituto de Pensiones del Estado. Además, falta fortalecer las prestaciones con guardería, riesgos de trabajo, jubilación por vejez y pensión en sus diversas modalidades.

También, el seguro de vida no forma parte de las prestaciones, por lo tanto, no se otorga en todos los municipios; e igual sucede con el permiso por paternidad; añadamos que el equipamiento con que cuenta la mayoría de los municipios es escaso y en malas condiciones; los chalecos antibalas en suelen estar caducos; y no existe servicio profesional de carrera policial. Y, por si algo faltara, son escasos los policías. Sin contar lo que añadimos: tienen mejor armamento los grupos delictivos, falta capacitación, la imagen social de los polis está desvalorada, etcétera. La tienen difícil los policías. El año pasado asesinaron a 29 policías en Jalisco.

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Otro detallillo salta a la vista, entre varios. La CEDHJ solicitó información al gobierno estatal y a los 125 municipios, vía un cuestionario con reactivos. Pues, miren, sólo respondieron 81 municipios. Le hicieron al disimulado 44, o sea, una tercera parte. Eso, sin contar que la mayoría no remitió la documentación que respaldara la información que hizo llegar al organismo. Entre los 44 municipios omisos está, en la zona metropolitana, nada menos que Tlajomulco de Zúñiga. Añadamos otros como Chapala, Ameca, Poncitlán y demás.

El gobierno del estado y nueve municipios “no facilitaron información precisa sobre cuáles prestaciones de seguridad social otorgaban a sus policías”. ¡Qué taaaaallll! La comisión, por lo pronto, solicitó iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de quienes resulten responsables, pues entorpecieron las investigaciones. ¿Habrá sanciones?

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El que debió ¿corregir?, ¿aclarar?, ¿enmendar la plana?, es el gobernador Enrique Alfaro. Resulta que tras conocer lo que arrojaron estudios que se solicitaron, quedó claro que la empresa Grupo Urrea no es de las que contamina el río Santiago. O sea, no es de las 29 acusadas desde el gobierno estatal como contaminantes del afluente. ¿Lo harían al tanteo? ¿Tenían, como diría AMLO, otros datos?

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Les contamos que una comitiva de empresarios jaliscienses acudió a la Asamblea General de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que dirige Francisco Cervantes. Cuente en esa comitiva a Sergio González, dirigente de los joyeros; Abelardo Arreola, de los muebleros; Gonzalo Cárdenas, por parte de los aceiteros; José Arias, del calzado; Alma Cervantes, de la rama del hule y látex; Aldo de Anda, por los restauranteros, y Masayi González, coordinador de los industriales.

Los empresarios estuvieron en el hotel Hyatt de Polanco, en la Ciudad de México, donde se presentó el informe de actividades 2019, se designaron la nueva mesa directiva y los presidentes de las comisiones de trabajo, las cuales buscarán hacer contrapesos y plantear exigencias a las dependencias gubernamentales. De los jaliscienses que fueron nombrados en la nueva mesa directiva anotemos a Masayi González, Altagracia Gómez, Rigoberto Chávez y Arturo Márquez. Lo que sigue es que hagan notar la importancia del sector privado de Jalisco en el desarrollo del estado y del país. ¿No?

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