Fin a la mentira histórica

Siete semanas después de los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, el entonces procurador Murillo Karam –en un intento por presentar como concluida la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa– señaló que se había logrado llegar a la “verdad histórica”, y que los normalistas habrían sido incinerados en un basurero, que la autoría de las desapariciones era responsabilidad de policías municipales coludidos con el crimen organizado. 

A las familias de los 43 no se les informó de los supuestos avances en la investigación, quienes se enteraron a través de los medios de información de lo que les habría sucedido a sus hijos según la PGR, y de inmediato se cuestionó por expertos la posibilidad técnica para crear un fuego de tales dimensiones en el basurero de Cocula. En los días posteriores ocurrieron numerosas manifestaciones en México y otros países en solidaridad con los 43. 

Con la persistencia de las familias, el acompañamiento legal de organismos defensores de derechos humanos y la fuerte presión social de las movilizaciones, el gobierno de Peña Nieto aceptó la presencia de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrando un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para coadyuvar en la investigación. 

El GIEI permaneció por un año en el país (2015 a 2016), presentando dos informes que establecieron elementos no considerados por las autoridades mexicanas: la violencia inusitada de los acontecimientos que lo configuró como un ataque masivo y directo contra los autobuses donde iban los normalistas, la imposibilidad de la quema en el basurero, la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación, la configuración del delito de desaparición forzada, la no revictimización de los jóvenes y una investigación con perspectiva de derechos humanos centrada en las víctimas y sus familias. 

También realizó un importante trabajo de esclarecimiento el equipo de antropólogos forenses de Argentina (EAAF), cuyo peritaje (febrero 2016) llegó a la conclusión de que no era posible la incineración como había informado la PGR. Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refirió graves violaciones en torno a la investigación oficial sobre Ayotzinapa (informe Doble injusticia, marzo 2018), destacando que las confesiones de los supuestos autores materiales de la quema en el basurero de Cocula fueron obtenidas bajo tortura. 

Con el cambio de gobierno federal, finalmente comenzó a verse la posibilidad de una investigación que vaya al fondo de los hechos; la administración del presidente López Obrador creó una Comisión de Verdad y exhortó a las autoridades de todos los niveles a colaborar para esclarecer lo sucedido; estableció un mecanismo de trabajo con las madres y padres de los 43, y se propuso dar continuidad a las labores de apoyo técnico que en su momento realizó el GIEI. 

Después de los intentos por ocultar la verdad durante el sexenio anterior, es importante que el actual fiscal general de la República recientemente señalara que se acabó la “verdad histórica”, pues con ello se reafirma el compromiso de poner fin a la impunidad; de la nueva investigación hay por ahora 46 órdenes de aprehensión en contra servidores públicos por delitos de desaparición forzada y crimen organizado, también se señaló a Tomás Zerón –quien fuera un alto funcionario del gobierno de Peña Nieto– por delitos de tortura, desaparición forzada y ocultamiento de pruebas. 

Hay avances, pero la investigación debe continuar; las familias y la sociedad demandan respuestas puntuales y ciertas ante la desaparición forzada de 43 jóvenes, hijos de campesinos y futuros maestros. 

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