Ayotzinapa, seis años

Han pasado seis años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y es plenamente vigente la exigencia de sus familias para que haya verdad y justicia; esta demanda también es la de numerosas familias mexicanas que lamentablemente tienen a una persona desaparecida. En la intervención del informe a los padres, madres y familiares hubo un evidente cambio de discurso de las autoridades federales, quienes a diferencia del sexenio anterior, reconocieron que se trata de un crimen de Estado, que el delito cometido es desaparición forzada en contra de los estudiantes y reiteraron que existe el compromiso de llegar a la verdad, reconociendo también a los familiares de numerosos colectivos del país que han realizado una importante labor de búsqueda en campo. 

El actual gobierno de la República firmó al inicio de su administración un decreto presidencial que creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, por el que se adquirieron compromisos que deben cumplirse, como destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho de conocer la verdad; procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos, con independencia, imparcialidad y en estricto apego a la legalidad, y celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (entre otros). 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa estableció también algunas recomendaciones que deben guiar el trabajo de la autoridad, como tener en cuenta al conjunto de víctimas y los impactos diferenciales entre hombres y mujeres; la protección frente al estigma porque en los casos de desaparición forzada suele ponerse una “marca moral” que justifica los hechos o culpabiliza a las víctimas; implementar un enfoque psicosocial para que las víctimas no sean objeto de atención, sino también sujetos de su propia recuperación; tratar con dignidad a las víctimas, no minimizar su dolor ni a ellas como personas; atender las especificidades de la búsqueda en casos de desaparición forzada, ya que existe responsabilidad de agentes del Estado y eso puede llevar al ocultamiento de los hechos; quebrar los pactos de silencio, garantizando protección y seguridad a los posibles testigos o perpetradores para que digan la información que lleve a la localización de los desaparecidos y establecer políticas de alto nivel para las acciones de investigación, prevención, sanción y reparación del daño. 

Para las familias el paso del tiempo no cesa el dolor y la necesidad de buscar, y aunque finalmente se han diversificado las líneas de investigación sobre lo sucedido a los normalistas, a seis años de distancia aún no han sido localizados, tampoco se ha detenido a todos los responsables señalados por las desapariciones y sólo ha sido posible identificar con certeza a partir de fragmentos óseos la identidad de dos de los estudiantes (Alexander Mora, en 2014, y Christian Alfonso Rodríguez, en 2020). 

Como señalan con claridad los principios para la lucha contra la impunidad realizados por Naciones Unidas, “independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones –de derechos humanos– y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”. 

La memoria es parte importante en los procesos de justicia, es un deber y una obligación social recordar, para que haya verdad, justicia, reparación y, particularmente, para que puedan exigirse garantías de no repetición. 

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