El niño y el agua sucia

El populismo es una forma autoritaria de democracia 

Federico Finchelstein 

El Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional) de 2019 advierte que, de 180 países evaluados, México se encuentra en el lugar 130; y que, en una escala donde 0 (mayor percepción) y 100 (menor percepción de corrupción), nuestro país obtuvo en calificación de 29 puntos. Nuestro país es el peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): es la posición 36 de 36 países. 

El presidente López Obrador tiene razón en que la corrupción y la impunidad han permeado todos los períodos presidenciales anteriores. Una de las promesas de campaña del presidente fue la de combatir a este lastre. Siendo candidato presidencial fijó diferentes fechas para terminar con ella: el primer año de gobierno; en menos seis años; es más, dijo que si se pudiera resumir su plan de gobierno sería “acabar con la corrupción y la impunidad”. Sin embargo, los métodos y estrategias para cumplir esta promesa, en lugar de ser intervenciones quirúrgicas para extirpar tumores, semejan machetazos. 

Su política de combate a la corrupción más bien ha sido de inspiración porfirista (“Mátalos en caliente”) y villista (“Primero fusilo… después viriguo”). Así ha sido con proyectos, instituciones y organismos especializados y autónomos. La transparencia, característica de cualquier gobierno democrático, ha quedado muy opaca; por ejemplo, las adjudicaciones millonarias directas para la compra pipas para la distribución de combustible; para la compra de ventiladores para atender enfermos de Covid-19, entre otros. De hecho, en 2019 sólo 18 por ciento de los contratos se han realizado mediante licitación pública, mientras que 74 por ciento se ha realizado sin licitación (al igual que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto). 2020 pinta que las adjudicaciones directas aumenten (principalmente por la emergencia sanitaria); así, la construcción del tren maya representa 92 por ciento de los contratos y la Guardia Nacional con 70. 

La política de control de la corrupción a machetazos se repite con los fideicomisos. En junio pasado las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados realizaron un “parlamento abierto” donde participaron representantes de centros públicos de investigación, y algunos de los diputados entendieron los razonamientos de los científicos con relación a la importancia de la ciencia y la tecnología, pero lo que más enfatizaron fue la transparencia y rendición de cuenta de dichos fondos. Ante la sentencia presidencial de que los fideicomisos están “fuera de control”, los diputados de Morena votarán por afirmativo en este asunto. 

Los representantes de los centros de investigación argumentaron que la fiscalización de “los recursos que se aplican en investigación son transparentes, en apego a la legislación correspondiente; además que algunos recursos de los fideicomisos provienen de las ventas de servicios y proyectos tecnológicos; “son recursos propios, no provienen del presupuesto federal”. 

El problema es que la actual administración federal, en su afán de centralizar recursos y atribuciones, no ha dado muestras de eficiencia en el manejo de los dineros públicos (Indep, Insabi), lo que se vaticina es caos en la adjudicación de los recursos a los centros de investigación y educativos, ya no se diga los destinados al apoyo a cineastas, deportistas, periodistas y artistas del país. Con ello, persiste la política de tirar el agua sucia con todo y el niño. 

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