Jalisco: desapariciones, fosas y feminicidios

Los graves problemas de inseguridad que padece nuestro estado siguen lejos de resolverse. El más reciente informe federal sobre desapariciones sitúa a Jalisco en el primer lugar nacional, seguido de Guanajuato. Con relación a las fosas clandestinas, dos lugares de Jalisco se encuentran en primer lugar en el país refiriendo a la cantidad de cuerpos exhumados: El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga (171 cuerpos), y el fraccionamiento Los Sabinos, en El Salto (115 cuerpos). 

Desde la sociología varios conceptos nos ayudan en el intento de explicar el horror que se vive de manera casi cotidiana: la necropolítica de Mbembe, quien plantea la dominación social a partir de infundir terror; la violencia estructural de Galtung, que refiere a las condiciones económicas que provocan exclusión, pobreza y que llevan a la negación de los derechos fundamentales que garantizan una vida con dignidad, y la violencia cultural o simbólica, que aparentemente es imperceptible pero contribuye a justificar o sostener el orden establecido, llevando a normalización la violencia y a perder la capacidad de asombro ante la dimensión de la tragedia. 

Sobre las desapariciones de mujeres y niñas, la Comisionada Nacional de Búsqueda explicaba en su informe más reciente que la edad en que se presenta la mayor incidencia es entre 15 a 24 años, que una hipótesis es el tema de la trata de personas, y que muchas veces las desapariciones derivan en el delito de feminicidio. 

Pero ante la dimensión del problema, en el caso de las desapariciones y los hallazgos en las fosas son las voces de las familias y los colectivos, así como el acompañamiento de instituciones defensoras de derechos humanos, quienes visibilizan con sus acciones la necesidad urgente de encontrar soluciones, exigiendo los cambios legislativos y en los protocolos para que haya búsquedas efectivas. 

Sobre los cuerpos encontrados es la voz de las familias la que se ha alzado pidiendo celeridad en la identificación forense, un resguardo adecuado y la asignación de recursos necesarios que permitan una base de datos actualizada. En el caso de las personas desaparecidas los colectivos se han constituido en un referente y apoyo real para quienes se enfrentan a esa tragedia y necesitan acompañamiento, orientación y asesoría. 

Con relación a la violencia contra las mujeres, también son colectivos y asociaciones de derechos humanos quienes se convierten en el principal respaldo a las víctimas y sus familias; un ejemplo de esa voluntad para sensibilizar sobre la tragedia es la llamada antimonumenta que ellas instalaron el 25 de noviembre en pleno Centro Histórico de Guadalajara y que tiene inscrito “Ni una menos” y “Memoria, Verdad, Justicia” frente a los feminicidios en Jalisco. En ese acto nombraron la “Plaza Imelda Virgen”, profesora de la Universidad de Guadalajara asesinada por mandato de su ex pareja y que es el primer feminicidio juzgado como tal en nuestra entidad, cuyo proceso legal aún está a la espera de justicia. 

Frente a la violencia estructural, derivada de un sistema que excluye y provoca que las mayorías apenas cuenten con lo mínimo indispensable, el entorno de corrupción e impunidad que propicia la inseguridad que se vive en la cotidianidad y ante narrativas que pretenden responsabilizar a las víctimas de lo que les ha sucedido; vemos el firme ejemplo de resistencia, compromiso solidario y exigencia de verdad, justicia y no repetición por parte de las familias de las víctimas, de colectivos de apoyo, y grupos defensores de derechos humanos que luchan día con día contra el horror de la violencia, constituyendo una luz de esperanza para la sociedad. 

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