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Quinto Patio

Ahora que está por empezar en agosto la verificación vehicular o-bli-ga-to-ria, como se prevé que haya inconformidades la propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) ya tiene una oficina que servirá como árbitro: el llamado Centro Oficial de Medición o COM. Les llama: “casos de controversia entre el proveedor tecnológico y los centros de verificación responsables”. 

El COM también se hará cargo de revisar los casos en que los vehículos sean sometidos a inspección en operativos viales. Si portan un distintivo de verificación vigente y no obtienen resultado forzoso, va pa’trás, se le quita su calca y se le manda a arbitraje técnico. ¿Será que están tanteándole que habrá distintivos de chocolate? Y, ya si en el arbitraje resulta que ese vehículo detectado en operativo rebasa los límites permisibles de emisiones de gases, se le retirará de circulación. Aparte, pues, 500 pesotes. 

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El 25 de febrero de 2020 presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) las madres de dos niñas que, desde agosto de 2019, sufrían agresiones a su integridad física, psicológica y emocional que fueron escalando en su primaria, a tal grado que una fue agredida sexualmente por uno de sus compañeros agresores. La CEDHJ emitió el 1 de diciembre de 2020 la recomendación 183/2020 a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). 

Tras los lentos avances, integrantes del Frente Feminista de Jalisco protestaron el viernes frente al edificio de la SEJ y rompieron cristales para visibilizar las demandas. La Secretaría de Seguridad envió con premura a mujeres policías, que actuaron con rapidez. En minutos inmovilizaron a 10 manifestantes, entre jaloneos. Finalmente, las fueron liberando; el sábado, a las siete últimas, tras multa de 200 mil pesos, ser vinculadas a proceso y, señalan, recibir golpes. Inusual: el gobierno estatal envió cuatro boletines con información solo del caso. En Jalisco, la policía es un millón de veces más veloz que la justicia. 

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La brigada nacional de búsqueda ya tuvo sus primeros casos de éxito. El fin de semana lograron localizar a tres hombres que tenían reporte de desaparición, todos de Jalisco; están detenidos en el reclusorio de Chapala, completamente incomunicados. Es decir, en tan solo una semana de actividades, un grupo de 80 mujeres y hombres ya hicieron lo que la Fiscalía del Estado no hizo en mucho mayor lapso: encontrar a estas personas desaparecidas. 

De paso evidenciaron que los procesos para que una persona llegue a parar a un Cereso en Jalisco están fuera de la ley, pues no hay un registro en forma que permita a los reclusos tener contacto con sus familias. Es decir, por donde se le mire al sistema de justicia estatal parece estar podrido. 

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Luego de que el Tribunal Inmobiliario, que diga, de Justicia Alternativa autorizara el uso de la Villa Panamericana y que el Ayuntamiento de Zapopan interpusiera un recurso de apelación, expertos ambientalistas reiteran sus críticas a la construcción y venta del ex complejo deportivo. Por ejemplo, el académico Miguel Magaña Virgen recuerda que desde la edificación el gobierno estatal cambió el agua por el concreto. 

Y es que, por más de 300 años, el Valle de Atemajac vivió de sus acuíferos, pero con la Villa Panamericana y otras construcciones se tapó la zona del Bajío, en Zapopan. El problema de la Villa es su uso habitacional, ya que abre la puerta a más construcciones en el lugar; incluso, sus departamentos podrían haber sido de utilidad en algún otro rubro, dijo. Total, la ley de los negocios inmobiliarios se sigue imponiendo sobre los derechos ambientales de los tapatíos. 

qp@ntrguadalajara.com 

JB