Ayotzinapa y la verdad simulada

El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) ha dejado en claro, una vez más, que la versión oficial del gobierno de Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue construida al margen de la realidad: las autoridades obligadas a investigar posicionaron una narrativa falsa sobre los hechos, montando una gran simulación que se tradujo en ocultamiento de evidencias; con ello se impidió a las familias acceder a la justicia y llevó a perpetuar la impunidad. 

La comisionada Ángela Buitrago, en su intervención al presentar el informe, destacó que “la simulación sucedió desde el primer hasta el último día (en la investigación de la extinta PGR); las autoridades responsables ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos...”. También argumentó que no habían podido establecer el paradero de los estudiantes por la mentira que se construyó desde la más alta esfera y por la manipulación de pruebas. 

En su momento en el primer informe del GIEI (septiembre 2015) se señaló la falta de rigor con que se siguieron las investigaciones, la imposibilidad técnica (probada con pruebas periciales) de la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, que la investigación estaba fragmentada y ausente de una perspectiva de derechos humanos. En el segundo informe (abril 2016) se abordaron los peritajes de los hechos denunciando que la escena sobre el río San Juan –donde supuestamente apareció una bolsa con restos de uno de los estudiantes desaparecidos– habría sido alterada. 

Entre las recomendaciones realizadas por el GIEI, luego de esos dos informes, se indicó que en los casos de desaparición forzada se debía personalizar la atención a las víctimas mediante un trato cercano y conocimiento directo de los familiares; no minimizar su dolor, ni a ellas como personas y tener en cuenta los impactos diferenciales entre hombres y mujeres. Hablaron de la protección frente al estigma, porque suele ponerse una “marca moral” que justifica los hechos o culpabiliza a las víctimas de desaparición forzada; también que se debía mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones, potenciar la capacidad analítica de las pruebas y realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades. 

La presencia del GIEI nuevamente en México es a petición de las familias y por el compromiso acordado con el actual presidente de la República de avanzar en la investigación. El contenido del tercer informe del GIEI es por demás impactante: se logra documentar que los estudiantes normalistas no solo fueron espiados en torno a las acciones de movilización que realizaban ese año, sino también el seguimiento a sus actividades desde 2010, inclusive desde la Sedena hacia la escuela (57 informes de 2011 a 2014 al respecto); la tortura fue una práctica común durante la investigación, y se tienen numerosos videos que así lo prueban; se localizó un video en donde se observa a altos funcionarios y presuntos integrantes de la Marina en el basurero de Cocula, horas antes del supuesto hallazgo de la bolsa con la pieza dental de uno de los estudiantes, y partir de la cual se sustentó la llamada verdad histórica del caso; esa incursión en el lugar de los hechos no se había reportado antes. 

Para el GIEI, la construcción de la “verdad histórica” fue una forma inhumana de ocultar el destino de los estudiantes al sostenerse, por todas las autoridades federales, una versión distorsionada que daba por cerrada la investigación y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y encontrados. 

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