Mayorías telefónicas

Aunque todos sabemos que en una democracia las mayorías son las que mandan, lo que sí sorprendió es que a los Poderes Legislativo y Judicial los hayan integrado con llamadas telefónicas, evitando un respaldo transparente y legal. 

Al unísono, los representantes de estos poderes construyeron sus mayorías conciliando con las llamadas, pero sólo a quienes consideraban que pudieran estar de su lado. 

Este tema se refuerza por la publicación de un desplegado este martes que estuvo firmado por los representantes de los tres poderes, pero en el caso del Judicial y el Legislativo hubo integrantes que lo desconocieron, porque no dieron su aval al mismo, y esto es lo que llama la atención sin demeritar el fondo del asunto. 

Tanto el diputado morenista, José María Martínez Martínez, y el magistrado presidente, Daniel Espinosa Licón, dieron el mismo argumento de haber firmado porque tenían como respaldo la mayoría de diputados y magistrados, respectivamente, lo cual nadie pone en duda, pero si llama la atención la forma. 

En el caso del Poder Legislativo no es la primera vez que se firma en nombre de todos; hay que recordar la carta que se envió al Ejecutivo pidiendo quitar 140 millones de pesos a la UdeG, y también se dijo que lo hacían en nombre de todos, aunque no tuvieran el aval de los mismos. 

En este trienio se ha inaugurado la representación de mayorías telefónicas porque cada vez es más común que se emitan cartas o se firmen desplegados bajo este argumento, de un día a otro y sin exponer el tema en sesiones de pleno para que sean ahí votados y se haga evidente lo mayoritario. 

En estos casos, siempre el motivo es político, para mostrar quién manda, para evidenciar la fuerza, la coordinación y la unión; lo único que se refleja es el poder de imponer la decisión mayoritaria sin generar ninguna discusión y sin que sean temas que se voten y donde pierdan las minorías. 

Éstas son las nuevas formas de hacer política donde a la población se le engaña señalando que es un acuerdo de unidad, pero que sólo refleja una treta política para imponer los puntos de vista sin dar argumentos claros o evitando transparentar la toma de decisiones. 

En los casos de los poderes Legislativo y Judicial, los cuales son cuerpos colegiados, debería obligarse a que en estos casos se transparente los que están a favor de lo firmado y los que están en contra, como una garantía de conocer realmente quiénes son los que están firmando esos documentos. 

Las minorías tienen razón en reclamar que hablen en su nombre porque precisamente no les avisan de lo que se va hacer, y simplemente al día siguiente se enteran de las decisiones que toman las mayorías. Y aunque supuestamente todos tienen el mismo nivel jerárquico, aquí se nota que no lo son. 

Las únicas minorías que son aceptadas en estos casos son las que están a favor de lo que están proponiendo y así sucedió. 

En ninguno de los casos, las mayorías son un problema, al contrario, son reconocidas porque son las que marcan el rumbo, pero deben ser claras en la forma en que se ponen de acuerdo y no simplemente en firmar documentos por conceptos que se hacen vía telefónica y sin avisarle al resto. 

Eso debería ser sancionado y aquí no estamos discutiendo el fondo del asunto, simplemente evidenciando cómo se constituyen. 

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