Urgencia de designaciones con reglas

Las últimas dos legislaturas han quedado a deber a los ciudadanos en cuanto a la creación de una ley de designaciones públicas, y la actual, la número 64 está obligada a dar la cara por todos los demás.

La propuesta surgió en el pasado desde la iniciativa privada, la academia y las organizaciones civiles organizadas elaborando un planteamiento formal y por escrito a los diputados locales de la 62.ª Legislatura, pero éstos se hicieron de la vista gorda para no aprobar.

La propuesta se retomó por la siguiente legislatura y también se olvidó, y se quedó en la congeladora.

Siempre ha habido diputados locales que están a favor del tema, pero la mayoría son de lo que dejan pasar los temas complicados porque no son de su interés, y porque tienen sus urgencias personales o partidistas, y en este caso porque es incómoda al acotar el poder a los partidos políticos o ponerlos en un aparador.

Con el antecedente del nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera impositiva, provocó que este tema se retome, sobre todo cuando la anterior legislatura también hizo nombramientos legales, pero cuestionables. En un solo día nombraron todos los que estaban legalmente imposibilitados jugando al borde de la legalidad.

El primero que dio señales de sacar nuevamente el tema fue el nuevo presidente del Comité de Participación Social, Vicente Viveros, al hablar de este tema en su toma de protesta como una prioridad en la agenda de impulsar nuevamente la ley de asignaciones públicas.

Los anteriores integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y los empresarios que en el pasado la impulsaron están todavía en el tenor de que esta ley debe ser una realidad.

Ahora la pelota está en la cancha de los legisladores recién nombrados, esperando que cumplan con parte de su responsabilidad de discutir y hacen un parlamento abierto sobre el tema para buscar las mejores reglas para los nombramientos.

Cada legislatura tiene un pastel que repartir en cuanto a cargos públicos y como apenas están empezando, se supone que podrían establecer reglas claras para hacerlo de cara a la sociedad y evitar el manoseo político.

Ya existe un borrador en este tema, lo único que se debe hacer es retomarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades o elaborar uno nuevo, pero mejorado.

Lo que está en duda es saber si en realidad hay interés de los actuales legisladores, es decir, si tienen voluntad política en sacar temas que sus antecesores no lograron o si también dormirá el sueño de los justos y sólo levantará la mano de acuerdo con los intereses de sus partidos.

Este tema de designaciones públicas y la ley de víctimas son las grandes deudas en legislación social con la ciudadanía.

Tendremos que saber cuál es la postura de cada bancada parlamentaria para saber si tiene futuro político o si le siguen dando largas al tema como ha ocurrido en los últimos seis años. ¿Y si también le preguntamos al gobernador electo?

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GR