Erradicar la violencia escolar

La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en México determina como fundamentales el derecho a la vida, la paz, la supervivencia, desarrollo, identidad, igualdad sustantiva, no ser discriminado, vivir con bienestar, tener una vida libre de violencia, derecho a la integridad personal, protección de la salud y derecho a la paz, entre otros. 

La preocupación de priorizar el interés superior de la niñez se ha llevado al ámbito legislativo y de políticas públicas, pero persiste el desafío de implementar las disposiciones en contextos de violencia, inseguridad y entornos donde se vulneran derechos fundamentales de las infancias. 

La violencia directa, la que observamos con manifestaciones como privación de la vida, feminicidios, desapariciones y abuso sexual, está presente en la vida de niños, niñas y adolescentes de México. En el informe del Inegi sobre las defunciones en 2020 por rango de edad, los homicidios ocupan el quinto lugar de las causas de muerte en el grupo poblacional de 10 a 14 años de edad. Los feminicidios hacia niñas y adolescentes según señala UNICEF (2020) representaron 11.5 por ciento del total de feminicidios del país con un incremento de 18 por ciento respecto del año anterior. 

Pero hay otras formas de violencia que no son tan visibles, la violencia estructural que se relaciona con la pobreza, desigualdad, falta de acceso a los servicios fundamentales y la violencia cultural (o simbólica) que valida o justifica tanto la violencia directa como la estructural y que se expresa como discriminación, racismo, clasismo, discursos de odio y validación de la violencia como una condición social imperante que no puede ser cambiada. 

La escuela, por ejemplo, debiera constituirse en un espacio seguro para la niñez, pero la violencia es una amenaza latente; como la reciente agresión perpetrada en una población rural en el estado de Querétaro contra un adolescente de 14 años a quien sus compañeros prendieron fuego durante la clase causando graves daños a su salud; el niño apenas fue dado de alta después de casi un mes hospitalizado y la familia denunció públicamente que la razón de los abusos se debía a su origen étnico otomí o hñähñu y porque que le costaba trabajo hablar bien el español, además recibía burlas de compañeros por la condición de pobreza familiar. 

Lo sucedido es una muestra de la discriminación, racismo y clasismo que impera en algunos sectores de la sociedad mexicana y de que la aceptación de formas de violencia (normalización) se ha vuelto en un problema estructural tan complejo que requiere de atención urgente en la escuela, la familia y la sociedad para poder transformar las condiciones que la provocan. Es claro que se debe determinar la responsabilidad de los agresores directos y del personal de la escuela ante cada abuso, investigarse a fondo y atender los protocolos necesarios para salvaguardar la integridad de la niñez; pero también se debe trabajar en soluciones que eviten las situaciones de maltrato y abusos recurrentes en los planteles escolares. 

La educación ofrece la posibilidad de orientar la formación de la niñez hacia otras formas de convivencia social, fortaleciendo el respeto, la inclusión, el trabajo colaborativo, la igualdad, construcción de paz, mediación de conflictos, participación social, diálogo, solidaridad, empatía, interculturalidad y fraternidad, pero para que suceda no basta nombrar los preceptos que la ley marca como orientadores, éstos deben desarrollarse en los planes de estudio y el personal docente debe formarse con la convicción de desarrollar una educación humanista que abone a la construcción de paz en los espacios escolares. 

[email protected]

jl/I