Reforma fiscal, ¿más burocracia y persecución?

El 3 de mayo pasado los diputados locales aprobaron la creación del Servicio Estatal Tributario y la ley que lo rige. De una revisión minuciosa al dictamen final es inevitable que surja la duda de si realmente necesitamos una estructura tributaria nueva, con la burocracia que implicará, o si no era mejor apretar tuercas y eficientar las atribuciones que ya se tienen para la recaudación.

Las reformas que aprobaron los diputados a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y al Código Fiscal, así como la creación de la Ley del Servicio Estatal Tributario no dejan entrever que habrá nuevos impuestos o que se modificará el acuerdo fiscal con la Federación (es cierto que esta última posibilidad ya se había aprobado anteriormente). Así que lo único que parece sucederá es que crecerá la burocracia.

El Servicio Estatal Tributario será un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública “con carácter de autoridad fiscal” y en realidad ejercerá las atribuciones que ya tienen la Subsecretaría de Ingresos y la Auditoría Fiscal. De esas áreas también heredará parte del presupuesto y personal.

El jefe del SET tendrá el nivel de subsecretario, que según el tabulador salarial de este año implica un salario bruto mensual de 107 mil 669 pesos. No tendrá autonomía, porque será nombrado por el gobernador.

La nueva ley prevé también que se cree una estructura burocrática, que estará conformada por funcionarios fiscales de carrera, funcionarios fiscales de libre designación y empleados de base. Es decir, se abre una ventana en pleno año electoral, pues la reforma entra en vigor el primero de enero de 2024, para nuevas contrataciones.

Según la proyección presupuestal que remitió al Congreso del Estado el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, por las atribuciones que absorberá, de las tareas que ya se desempeñan en la dependencia a su cargo, el SAT estatal costará al año más de 681 millones de pesos.

Como ya mencionaba, las reformas no hablan de la creación de nuevos impuestos ni tampoco se romperá el pacto fiscal para quedarse con impuestos federales. Únicamente se menciona que se pueden firmar convenios, tanto con la Federación como con los ayuntamientos, para apoyar en el cobro de contribuciones de esas dos esferas de gobierno. Eso también ya se puede hacer con la legislación actual.

Tal vez, lo único que podría prender las luces de alerta, es que pueda venir una persecución a los contribuyentes o incluso el uso político de esta nueva dependencia. En la exposición de motivos de la iniciativa que envió el gobernador el 9 de enero pasado, se precisa que “la solución para recaudar de una forma más amplia y eficiente no puede depender únicamente de ampliar la base imponible ni de facilitar aisladamente el pago de tributos, sino también de tomar más en serio la relación entre el contribuyente y las autoridades fiscales”. ¿Qué significa más en serio? El tiempo lo dirá.

En la nueva ley también se señala que se implementarán programas “que permitan localizar, listar y regularizar a contribuyentes ubicados en el territorio del estado para ampliar y actualizar el registro estatal de contribuyentes” e incluso que se puede pedir información a otras entidades federativas para mejorar la recaudación. Es aquí donde se abre la puerta para la persecución fiscal.

Es cierto que si los ciudadanos queremos mejores servicios, debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Sin embargo, el servicio más urgente en Jalisco sigue siendo el peor, que es el de la seguridad. Y si lo básico no se cumple, no necesitamos una autoridad que endurezca sus políticas para recaudar más.

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