Erosión judicial de la democracia

¿Qué haría usted si fuera a consultar a un médico debido a un dolor y el doctor, sin revisarle, ni hacerle ningún tipo de examen, le dijera que para eliminar ese dolor es necesario amputar la parte afectada? ¿Le haría caso o pediría otra opinión? ¿Y si se enterara de que ese médico, además, tiene un negocio de venta de prótesis? ¿De todos modos se sometería a la amputación, porque confía en el buen criterio del médico?

Pues algo así es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Aprovechándose indebidamente de la confianza que tiene en él una buena parte de la población, y de la mala fama que de por sí tienen los jueces y magistrados, está haciendo lo necesario para reemplazar a quienes integran el Poder Judicial federal, especialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poner en ese puesto a personas que él supone que le serán leales.

Ese movimiento estratégico es muy inteligente, puesto que, en México, al igual que en otros países, la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Este juego de palabras, que le escuché al doctor Guillermo Zepeda, significa que la Suprema Corte es la última instancia de interpretación de lo que dice la Constitución, por lo que una persona que simula estar de acuerdo con la democracia, pero que en el fondo quiere gobernar sin contrapesos ni controles, hará lo posible por asegurar que la Suprema Corte interprete la Constitución no de acuerdo con la lógica, sino de acuerdo con sus propios deseos.

Tal vez le parezca que estoy exagerando, pero en un artículo de mi colega del ITESO, la doctora Azul Aguiar, recientemente publicado en una prestigiosa revista internacional (que puede consultarse en esta dirección: https://doi.org/10.1111/polp.12516), demuestra que este es un patrón de comportamiento que han seguido varios gobernantes latinoamericanos, que llegaron al poder por la vía democrática, pero poco a poco han ido desmontando el sistema de controles y contrapesos, a fin de concentrar cada vez más poder en su propia persona.

En su texto, la doctora Aguiar explica cómo los pseudodemócratas utilizan las reglas del juego democrático, y socavan sus procesos, manipulando los mecanismos de la democracia directa, como referendos o consultas, capturando comisiones electorales, ampliando los límites de su propio mandato, modificando las leyes electorales, acosando a los periodistas o quitándole capacidades de decisión al Poder Legislativo para transferirlas al Poder Ejecutivo.

Todo lo anterior, explica la doctora Aguiar, puede impedirlo el Poder Judicial, ya que muchas de esas acciones deben pasar por cambios a las leyes, para poder tener legitimidad, y si en el Poder Judicial hay personas convencidas de que es necesario respetar las reglas constitucionales acordadas democráticamente, es probable que impidan los cambios a las leyes que permiten concentrar el poder en una sola persona.

En casos así, de acuerdo con los hallazgos de la doctora Aguiar, se sigue una estrategia que tiene tres pasos interactivos: los falsos demócratas y sus partidos (a) lideran ataques públicos contra el poder judicial; (b) impulsan purgas judiciales; y/o (c) llenan los tribunales con gente leal a ellos, para utilizar la nueva y debilitada Corte Suprema para socavar legalmente a otras instituciones y actores. ¿Le suena esto?

Tengo claro que es necesario hacer muchos ajustes al sistema judicial, pero esos cambios deben partir de un diagnóstico profundo, incluyente y participativo. El riesgo de no hacerlo así es que terminemos con un Poder Judicial igual de defectuoso, pero que tiene contento al presidente, y solo a él.

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