Libertad de expresión bajo presión

En la historia contemporánea, un elemento que ha contribuido de forma trascendental en la articulación social del empoderamiento ciudadano en el espacio público ha sido el periodismo que, al margen del soporte técnico con el que éste se presente, constituye un importante elemento de proyectar hacia la sociedad, la descripción de lo que hay en el mundo que nos afecta a todos y, a partir de esa perspectiva, los ciudadanos estamos en condiciones de tomar decisiones.

De esta forma, prensa y gobierno, desde el establecimiento industrial de la prensa, en el plano mundial han tenido diferentes enfrentamientos entre la obligación de la imprescindible rendición de cuentas de la administración pública y el derecho ciudadano a enterarse de la información, a partir de la cual se toman decisiones que afectan a una comunidad.

El resultado ha sido la estructuración de marcos normativos a partir de los cuales se garantice un elemento sustancial en la vida democrática contemporánea, la libertad de expresión, que implica, por una parte, a ciudadanos que deciden decir algo y, por otra parte, a una ciudadanía que tiene el derecho de enterarse de lo que se informa. Precisamente, bajo esa perspectiva, se ha definido un marco regulatorio internacional sobre el comportamiento de periodismo y gobierno en el que el resultado constituya un libre acceso de la información que permita un sostenimiento de un régimen democrático justo.

La inhibición de la libertad de prensa y de expresión constituye una disminución importante de las audiencias (ciudadanía), a tener un marco de interpretación vasto que le permita comprender la dimensión racional de las decisiones de la función pública y de la forma en que los ciudadanos responden a los retos de su participación social. No se trata de una visión, sino de una pluralidad de visiones que ofrezcan en su conjunto una idea certera del mundo en el que vivimos. Precisamente por eso, a través de convenios internacionales que nuestro país ha suscrito, se logra mantener un orden en esa tensión.

En nuestras sociedades, un nuevo factor de poder ha hecho su aparición desde hace algunas décadas recientes: el crimen organizado. Esta entidad se ha superpuesto al tejido social y ha ejercido un poder que no resulta de ningún tipo de pacto social, sino solamente de fuerza. Este nuevo actor se ha establecido como aspecto integrante en decisiones que no tienen que ver con el espacio público administrado por el gobierno, es decir, se establece sin ningún marco regulatorio y ejerce un poder de facto sobre regiones, que tiene importantes impactos en la vida social.

El desarrollo de la democracia mexicana exige una revisión puntual de las obligaciones que tiene el gobierno y, el Estado en su conjunto, para evitar que se deteriore la base del pacto social de nuestro país. Debilitar la voz pública con acciones de fuerza, ha marcado para los gobiernos marcos normativos que delimitan ámbitos de acción, pero la presencia de actores al margen de ese pacto obliga al gobierno, definitivamente, a establecer las acciones que constitucionalmente le corresponden a él y a sostener en las mejores condiciones la libertad de expresión.

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