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La libertad de expresión
Sombra
El próximo 22 de abril se cumplen 32 años del mayor desastre urbano ocurrido en esta ciudad cada vez menos noble y leal. Me refiero a las explosiones de 1992 que pusieron de luto a miles de familias tapatías, específicamente del barrio de Analco y varias otras colonias de los alrededores del entonces llamado Sector Reforma de Guadalajara. Entonces toda la clase política se dijo consternada y prometió atender las necesidades de damnificados y lesionados, así como hacer lo necesario para que nunca volviera a suceder en esta ciudad una desgracia similar. Obviamente no sucedió así. Este año, los lesionados agrupados en la asociación 22 de Abril en Guadalajara mantienen sus exigencias principales y la ciudad sigue expuesta a diversos riesgos urbanos.
Treinta y dos años han sido insuficientes para que los gobernantes de Jalisco, desde Guillermo Cosío Vidaurri hasta Enrique Alfaro, y los presidentes municipales de Guadalajara cerraran las heridas causadas por la negligencia criminal del primero y la irresponsabilidad de los subsecuentes gobernantes. Han sido años de un ir y venir sobre todo de los lesionados, pidiendo y exigiendo, a un gobernante tras otro, que cumplan lo que prometieron cuando apenas eran candidatos y que prácticamente desde el inicio del desastre les regatearon y lo siguen haciendo hasta la fecha. Muchos de ellos murieron clamando que se les hiciera justicia. A pesar de ello, seguramente los candidatos actuales estarían prestos a suscribir cualquier compromiso al respecto. Como sus antecesores tienen muy claro que luego nada los obligaría a cumplir.
A pesar de ser esta una larga historia, muchos de los habitantes jóvenes de esta ciudad no están enterados de que las explosiones fueron provocadas por la inexplicable presencia en el drenaje de aproximadamente 6 millones de litros de gasolina provenientes de los depósitos de Pemex y que destruyeron alrededor de 13 kilómetros de calles, cientos de habitaciones y todo tipo de construcciones, causando la muerte de un número impreciso de personas que ahí habitaban o que transitaban por esos rumbos alrededor de las 10 de la mañana de aquel fatídico miércoles. Como decía una pinta en alguna barda, todos los fallecidos ese día “despertaron sin saber que ya estaban muertos”.
Como en todos los desastres que suceden en espacios urbanos densamente habitados, carentes de medidas de seguridad urbana, y que por su vocación concitan la presencia de mucha gente en busca de algún servicio, pero, sobre todo, por la urgencia gubernamental de desviar la atención del centro del problema y evadir responsabilidades, seguimos sin saber del número exacto de fallecidos. El gobierno reconoció apenas 260 que correspondieron a los cuerpos completos encontrados sin considerar las versiones de los damnificados y lesionados respecto de sus familiares que estaban con ellos en el momento de las explosiones y nunca volvieron a ver y mucho menos a las personas que deambulaban por la zona y quedaron desmembradas debido a la fuerza de las explosiones.
De la ausencia de justicia hablaré en otra ocasión.
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jl/I