El NAICM y la democracia que necesitamos

La consulta para la construcción o no del aeropuerto en la zona de Texcoco suscitó polémica en el sentido de la conveniencia de preguntar a la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia o del conocimiento que tendrían los participantes sobre aspectos técnicos para opinar sobre continuar con la obra de ampliación proyectada durante el actual gobierno o la de optar por la alternativa de construcción en Santa Lucía.

Más allá de la controversia en redes sociales o los memes que ilustran de manera muy gráfica la afectación de intereses a la oligarquía y el sector empresarial al suspender la obra en el Lago de Texcoco, habría que recordar el grave conflicto generado en 2006 con los habitantes de San Salvador Atenco al intentarse, durante el gobierno de Vicente Fox, la expropiación de sus tierras para la ampliación del aeropuerto.

En mayo de 2006, en el Estado de México, que era gobernado por Enrique Peña Nieto, los pobladores de Atenco y especialmente la organización Frente de Pueblos por Defensa de la Tierra que se opusieron a la expropiación de sus tierras de cultivo para el aeropuerto, fueron duramente reprimidos por policías. El resultado de la intervención de diversas corporaciones de seguridad fueron casi 300 detenidos, la muerte del niño de 14 años Francisco Javier Cortés Santiago, por una bala directa de un policía, y la de Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM que estuvo con una herida expuesta en el cráneo durante más de 10 horas al negarse la entrada a los servicios de atención médica que intentaron pasar sin éxito por el cerco policiaco.

En los lamentables hechos de Atenco de 2006, la mujeres fueron víctimas de tortura a través del abuso sexual; se documentaron vejaciones a 47 de las detenidas y 11 de ellas actualmente esperan sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para finalmente acceder a la justicia después de 12 años de los hechos. El Informe de Fondo CIDH (Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. Mariana Selvas Gómez y otras. México. 28 octubre 2015) recomienda al Estado mexicano “continuar investigando de manera efectiva (para esclarecer), desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad, tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento y omisión”.

Ese es el antecedente terrible que lleva consigo el intento de Fox -continuado por Peña Nieto- para la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México; por ello, la decisión no es sólo un aspecto técnico, sino un conflicto de intereses que se deriva de un proyecto de nación que lleva casi cuarenta años en su aplicación (desde Miguel de la Madrid en 1982) y que deja tras de sí una estela de muerte, despojo, destrucción de los recursos naturales, de fosas clandestinas, desaparición forzada y de entrega del territorio a las trasnacionales.

Si el pueblo de Atenco fue duramente reprimido por oponerse a la ampliación del aeropuerto en las tierras de su ejido, si debe intervenir la Corte Interamericana para pedir al Estado mexicano justicia y reparación del daño a las mujeres detenidas por los abusos sexuales que sufrieron por parte de policías participantes del operativo, ¿por qué resulta tan difícil pensar en que esas decisiones deben ser consultadas ampliamente por la población?

Quizá deberíamos empezar a ver más allá de la democracia representativa o formal (esa de las elecciones limpias y la transparencia) y busquemos también una democracia participativa en donde el plebiscito, el referéndum y la consulta pública formen parte del hacer cotidiano y se haga realidad lo que señala la Constitución Mexicana al considerar a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

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