México violento

Los trágicos eventos recientes donde murieron 14 policías en Aguililla, Michoacán, y 14 civiles y un militar en Tepochica, Guerrero, no sólo han consternado, sino también indignado a los mexicanos. El Senado guardó un minuto de silencio por la masacre perpetrada por supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, en la mañanera del martes. AMLO sólo lamentó los acontecimientos y Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, sólo atinó a trivializar el ataque como una “circunstancia que se dio”, que ocurren “todos los días” en el país. Ninguno de ellos envió condolencias a los familiares de los caídos ni se presentaron en el homenaje. 

Curiosamente, el primer ataque ocurría justo en los momentos en que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmaba haber logrado “un punto de inflexión en la violencia”. Sin embargo, en todos estos 10 meses que lleva el gobierno de AMLO, no se ha dado a conocer la estrategia para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, salvo reunirse a diario a las seis de la mañana y proferir la fórmula mágica: “¡Que se vaya al carajo la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Guácala!”. Y echar la culpa a las pasadas administraciones por “dejar crecer” la delincuencia. 

Mientras tanto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), levantada por el Inegi, casi tres cuartas parte de la población (71.3 por ciento) considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Asimismo, 33 por ciento estimó que seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, en tanto que 26.4 declaró que empeorará (sumados representan casi 60). Con relación a la Marina, 88.1 expresó tener confianza en ella; mientras que sólo 46.2 por cienton de los encuestados señaló confianza hacia la policía preventiva municipal. 

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en su informe Índice de Paz de México 2019, afirma que en 2018 la paz en México tuvo un retroceso de 4.9 por ciento; el nivel de paz mejoró en 10 estados y en 22 se deterioró. Explica que la razón principal de ese quebranto fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios (se elevó 14 por ciento) y junto con un aumento considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16. Además, el IEP considera que el principal hallazgo del informe es que, ante el incremento de la violencia, el gobierno no ha invertido en el sistema de procuración de justicia lo necesario (apenas la mitad del promedio de los demás países de la OCDE). 

No menos importante es el impacto económico de la violencia, pues en 2018 se subió 10 por ciento: llegó a 5.16 billones de pesos (24 por ciento del PIB). En términos per cápita, el informe precisa que fue de 41 mil 181 pesos (más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano). El IEP considera que México debe fortalecer su desempeño en bajar los niveles de corrupción y mejorar el buen funcionamiento del gobierno para coincidir con el del entorno empresarial sólido, la reducción de los índices de violencia y mejorar la situación económica de la población. 

Por su parte, un reporte del 15 de agosto elaborado para el Congreso estadounidense, titulado México: crimen organizado y organizaciones de narcotráfico asienta: “El gobierno del presidente López Obrador también sigue siendo desafiado por la corrupción de funcionarios públicos y políticos relacionados con las organizaciones de narcotraficantes y dentro de las fuerzas policiales de la nación. Igual de preocupante es la falta de atención a los esfuerzos más amplios contra la corrupción en México, a pesar de las promesas de campaña (de AMLO)”. El estudio concluye que “las herramientas importantes para gestionar el desafío binacional de las organizaciones violentas de México incluyen una reforma institucional a largo plazo para reemplazar una cultura de ilegalidad y corrupción con un estado de derecho y respeto a la autoridad legal”.

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