Familias 

Un patrón de impunidad. Así es como los expertos de la ONU advierten que, en este país, México, se llegó al "oscuro hito de 100 mil desapariciones", horrible número alcanzado hace apenas poco más de una semana. 

Y, lo sabemos, esas 100 mil personas no son las únicas, pues hay otro tanto de quienes no hay denuncia por su desaparición. A todas ellas se suman las otras víctimas, las que quedan en la incertidumbre y el dolor: padres y madres, hijas, hermanos, esposas, abuelos, nietas que dedican su vida y sus recursos a la búsqueda de sus seres queridos. 

Cuando he escrito o leo este tipo de textos me duele mucho pensar que todo está dicho. Me refiero a que las demandas de justicia, las exigencias de escucha, los reclamos por la inoperancia de quienes nos gobiernan se han abordado una y otra vez… pero poco, casi nada, es lo que cambia para bien. Nihil novi sub sole. Nada nuevo bajo el sol. Por desgracia. 

El 17 de mayo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recalcaba que, en medio de este desastre, las familias deben estar en el centro de los esfuerzos de las autoridades, porque de otra manera las medidas que se tomen no darán frutos. 

Entre estas medidas están las asignaciones de recursos tanto a las búsquedas como a las investigaciones, pero también el llamado urgente a la creación de un banco nacional de datos forenses y del programa nacional de exhumaciones e identificación forense, así como a prevenir y erradicar las desapariciones y la impunidad que las envuelve. 

En 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó México, las cifras oficiales mostraban 5 mil personas reportadas como “desaparecidas” o “ausentes”. Diez años después, en su más reciente visita, a finales de noviembre de 2021, ya sumaban 95 mil personas. Si fuera una simple operación matemática, pensaríamos que este año, a finales, tendríamos a 104 mil personas en ese estatus. Pero no hablamos de números, sino de historias humanas, de familias enteras, de empleados, de contribuyentes, de vecinos, de alumnos, de pacientes, de empresarios… 

Fue esta semana cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó el reforzamiento de la Estrategia Estatal de Búsqueda de Personas 2022-2024. Al final del comunicado oficial, en lo que suelo llamar "la pasarela", se da cuenta de quienes acompañaron al mandatario a presentar su proyecto: el coordinador general estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben; el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez; la fiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas; la subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya Hernández; la comisionada estatal de Búsqueda, Francelia Hernández Cuevas; el secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Iván Sánchez Rodríguez; el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza; la comisaria jefe de la Coordinación General de Planeación Operativa de la SSE, Violeta Castillo Saldívar. 

Ninguna asociación civil de búsqueda de personas, ningún grupo de familias buscadoras, ningún especialista o académico enfocado en desaparición de personas, ni siquiera alguien de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nada nuevo bajo el sol. 

Justo allí se anunció que se crearía un centro de identificación humana y que iniciaría su trabajo con la exhumación controlada en el Panteón de Coyula, lo que ocurrió este miércoles. 

Para ¿sorpresa? de muchos, durante el proceso no se permitió que las familias accedieran. Las leyes en materia de desaparición determinan que las familias, sus representantes, abogados o personas autorizadas pueden participar de estos procesos. Pero no fue así. Vallas y patrullas obstaculizaron su paso. 

El gobernador, cuestionado al respecto, advirtió que así seguirá siendo el proceso, sin los familiares ni las asociaciones. Las familias, nos mandan decir nuestras autoridades, no están al centro de nada, más que del dolor y de sus propios esfuerzos. 

Nada nuevo bajo el sol. 

Twitter: @perlavelasco

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