Seguridad pública y militarización

La seguridad pública ha sido en los últimos sexenios un dolor de cabeza para las autoridades de todos los órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. La violencia de la delincuencia organizada con el tiempo se ha desplegado como una espiral en ascenso con una extensión dilatada y una violencia virulenta. Los grupos delincuenciales ya no se dedican solo al trasiego de drogas, sino que sus actividades se han diversificado: secuestro, cobro de piso, huachicol, extorsión, asesinatos por encargo, trata de personas, tráfico de ilegales, entre otros.

¿Cómo enfrentar con eficiencia a estos grupos que cada vez desafían con mayor osadía a las fuerzas de seguridad de Estado? Desde la comodidad de sus escritorios y curules, los políticos diseñan políticas variadas, desde las más ingenuas hasta las más elaboradas. Como ejemplo de las primeras está la política de “abrazos, no balazos” o la de regalar libros a los delincuentes; y de las otras están las iniciativas insulsas. Por desgracia, los políticos no escuchan a los expertos, o al menos no lo han hecho en el gobierno de la 4T.

Después de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como candidato a la Presidencia recorriera el país para palpar los problemas de la población, parece que reparó en la seriedad del problema de la inseguridad sino hasta cuatro años después de llegar a la primera magistratura, entonces advirtió en “el problema que le dejaron”. Eso le hizo cambiar de opinión con relación al papel de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia.

Pretender que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la participación del Ejército se extienda hasta 2028 es reconocer tácitamente el fracaso de la estrategia de combate a la delincuencia implementada por las autoridades de la 4T. También es admitir que el problema se les ha salido de las manos: insistir en que con estas dos acciones podrán “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”, es seguir sin entender el problema de la inseguridad y el crimen organizado.

La discusión que se desarrolla en el Congreso de la Unión y las presiones externas desnudan tanto a legisladores como a funcionarios de gobierno. Por un lado, en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con el apoyo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) las dos propuestas de Morena (nadie se cree el cuento de que la iniciativa de la diputada del PRI fuera de su autoría) expuso tanto a Alito como al gobierno en un acuerdo quid pro quo (o sea, “me das y te doy”). Por otro lado, los senadores de oposición están bajo asedio para convencerlos de votar a favor de la iniciativa. Al no lograrlo se decidió retirarla y regresarla a comisiones para, en 10 días, lograr convencer a un par de senadores.

Se ha virado a una contienda para medir fuerzas entre mayorías y minorías, entre gobierno y oposición: se ha dejado de lado el verdadero quid del problema; esto es, la búsqueda de una estrategia de seguridad pública eficiente. El uso del Ejército no es la repuesta: se ha probado que su protagonismo ha sido mínimo. Enviarlo a las calles lo obligará a medir fuerzas con la delincuencia (ya han dado muestras de su poderío) y los resultados no será nada gratos… en especial si se continúa con los abrazos y los libros.

Que las policías locales son ineficientes y corruptas; entonces, ¿por qué no se sigue el ejemplo de la Ciudad de México que sí ha demostrado capacidad y eficiencia? Se necesita superar este fatalismo y dejar de pensar en la inefabilidad del Ejército.

Twitter: @ismaelortizbarb

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