Quinto Patio

Sean siete u ocho los jóvenes privados ilegalmente de su libertad que laboraban en el (presunto) call center, en Zapopan, el número podría aumentar hasta a 20. El dato se infiere de que en ese lugar trabajaban de 15 a 20 personas, como recuerda el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, de la Universidad de Guadalajara. Por desgracia, lo que sucedió no es un caso único ni excepcional, advierte el comité, luego de que Jalisco se ha convertido en el epicentro nacional de las desapariciones con 14 denuncias en promedio por día, de las cuales no se localiza la mitad.

La privación ilegal de libertad se ha generalizado como delito en Jalisco y está tendiendo a ser masiva, subraya el comité. Si bien hay un contexto nacional de derrota ante la desaparición involuntaria de personas, “en Jalisco se ha agudizado por una gestión unipersonal, improvisada y atenta solo a los costos de imagen y no a los resultados; una clase política que ha sido comparsa del desastre y una sociedad civil en general ausente, permisiva y renuente a reconocer la magnitud de la tragedia”. Sí, así es.

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Aumentan la desesperación y el número de familias metidas de pronto en la pesadilla de las desapariciones y la poca eficacia de las autoridades. Si el viernes y sábado se organizaron manifestaciones por los jóvenes desaparecidos del llamado call center, ayer la desaparición de una joven, también en Zapopan, orilló a su familia y amigos a salir a protestar a la calle, a demandar celeridad, atención, respuestas, para traerla a casa.

Ante el bloqueo de la avenida Vallarta, la respuesta de la Secretaría de Seguridad estatal fue la represión: golpes, empujones, escudos por delante, jaloneos, echándoles montón a quienes estaban reclamando, con justa razón. Había niños. No importó. ¿Así responderán ahora cualquier protesta de las familias con desaparecidos?

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Las inconsistencias encontradas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco siguen sumando millones de pesos, al grado de que en el último informe semestral enviado al Congreso local ya se superaron los 4 mil millones. Claro, ese monto corresponde a cuentas públicas revisadas de 2009 a 2021, pero esto habla de que, una vez que la auditoría hace su chamba, pasa muy poco.

De hecho, uno de los montos mayores, son los créditos fiscales, es decir, los adeudos que ya hasta se publicaron en el periodo oficial, y que superan los mil 800 millones de pesos. ¿Faltará que se contrate a un buen abonero, de esos que cobran porque cobran? Porque los responsables de hacerlo, de toooooodos no se hace uno.

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En el Congreso local nomás no prosperan los juicios políticos. Ayer se desecharon cinco por no reunir los requisitos y se recordó que los que han procedido en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Alberto Barba y Armando García Estrada, están suspendidos por sus amparos.

Lo anterior refleja que hace falta capacitación sobre cómo presentar juicios políticos, quizás información en la página web u orientación cuando la gente acude a solicitarla. Porque esta situación ocurre legislatura tras legislatura.

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Los diputados locales tampoco se han puesto de acuerdo en incorporar en las leyes de ingresos de zona metropolitana el aumento de 8.5 por ciento en la tarifa del agua del Siapa. Las leyes de ingresos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá carecen de este cobro del agua potable, y aun así lo están cobrando a los usuarios del servicio. Y aunque algunos diputados consideran que es ilegal, pues no importa.

Ayer, los legisladores de Morena y del PAN desecharon aprobar estos dictámenes, cuando ya pasaron más de cinco meses y el cobro sigue sin hacerse legal. Pero, ya dijimos, a esos diputados los tiene sin cuidado.

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