Salud mental, abandonada en los gobiernos

El próximo domingo 10 de septiembre volveremos a conmemorar el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y nuevamente encontramos, con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que 2022 cerró con 8 mil 237 casos, el segundo número más alto de suicidios desde que se vienen registrando oficialmente, sólo abajo del número de suicidios de 2021: 8 mil 432.

Ello se presenta en un contexto de abandono gubernamental a los problemas de salud mental en México, ya que si bien en mayo de 2022 se aprobó una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones (tres y medio años después de que inició la actual gestión gubernamental federal), fue hasta un año después cuando se decretó la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y, finalmente, el 4 de julio de 2023, a un año y tres meses de concluir la administración federal, se presentó el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023–2024.

Además, en dichas acciones ha habido una constante: la reiteración de no incrementar los recursos económicos para los servicios públicos de salud mental, lo que representa que se cambió para seguir igual.

¿Para qué se requieren mayores recursos económicos para los servicios públicos de salud mental?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), desde hace años, viene reconociendo que muchas personas cuando viven con problemas de salud mental, entre ellos la ideación suicida, no acuden a solicitar atención por cuestiones de estigma. Algunos logran romper esa barrera y finalmente buscan atención, pero encuentran dificultades para acceder a los mismos servicios porque son insuficientes, por lo que se requiere urgentemente la contratación de psicólogas y psicólogos y de psiquiatras para atenderles oportunamente y con calidad.

Acerca de esa necesidad, el promedio nacional de sesiones brindadas a las personas usuarias después de la primera es de 2.1, a lo que se suma que instituciones federales de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la propia Secretaría de Salud (Ssa) no cuentan con instalaciones adecuadas e incluyentes para los servicios de salud mental.

Tampoco tienen equipos como el Biofeedback o Neurofeedback, ni personal capacitado para atender a personas sordas, en situación de calle, de los pueblos originarios y con identidades LGBT+, y menos pruebas psicológicas suficientes, originales y estandarizadas. Eso no es calidad.

Se necesitan urgentemente recursos económicos para desarrollar investigaciones científicas, clínicas y epidemiológicas (que no vayan orientadas a los intereses de la industria farmacéutica) y para desarrollar programas suficientes y eficaces de prevención y de promoción de la salud mental y el bienestar.

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