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Sombra
¡Chinguen a su madre, qué manera de legislar!
Porfirio Muñoz Ledo
En estos días, el Estado de derecho está en el centro del debate público en México debido a las iniciativas enjaretadas por el ex presidente López Obrador a la actual legislatura (con la venia de la actual inquilina de Palacio Nacional): ¿Cuál será el grado de institucionalización de dicha condición? ¿Hay forma de evaluar su calidad? ¿Cómo anda nuestro país en este rubro? ¿Cuál es la relación entre Estado de derecho y supremacía constitucional?
A propósito de estas preguntas, el miércoles pasado se presentó el informe Índice de Estado de Derecho 2024 (IED) elaborado por el World Justice Project (WJP). Como todos los índices, el IED se desarrolló a partir de un marco conceptual confeccionado partiendo de ocho factores y 47 subfactores mediante consultas con académicos, profesionales y líderes comunitarios de 142 países. El IED se elaboró con una rigurosa metodología de recopilación y agregación de datos: en otra colaboración la había explicado cuando se publicó el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 (https://lc.cx/E0ztBp).
A nivel internacional, el estudio revela que la mayoría de los países están experimentando una regresión, caracterizada por extralimitaciones del Ejecutivo, el menoscabo de los derechos humanos y un debilitamiento del sistema de justicia en detrimento de los ciudadanos. ¿Y cómo le va a México? De acuerdo con el estudio, nuestro país tiene una puntuación de 0.41; de 2023 a 2024 tuvo un retroceso de -0.6 por ciento, lo que lo sitúa en el lugar 118: tuvo un retroceso de dos lugares en el ranking (claro que en primer lugar está nuestro alter ego o trasunto, Dinamarca).
Alegando el monopolio de la representación del “pueblo”, los diputados y senadores de Morena y sus partidos rémoras, así como el acaparamiento de instituciones afines (CNDH, INE, Trife y las que se sumen), han decidido (con su mayoría excesivamente artificial) hacer reformas constitucionales como niño con juguete nuevo. Sin embargo, expertos juristas consideran estas reformas regresivas, antidemocráticas y anticonstitucionales. Aun así, buscan eliminar la posibilidad que dichas enmiendas a la Constitución sean legalmente cuestionadas escudándose en la “supremacía constitucional”.
Lo que no han entendido los legisladores del segundo piso es que la “supremacía constitucional” también se les aplica a sus intentos reformistas, pues el dicho principio tiene precisamente como fundamento la autopreservación frente a los poderes estatales creados y atesorados por ella. En un régimen democrático, el principio de supremacía constitucional desempeña un papel preponderante en el establecimiento del equilibrio de poderes y la conservación del Estado de derecho.
En su intento obsesivo por controlar y tener un Poder Judicial dócil, aniquilando sus funciones prístinas de mantenerse como freno y contrapeso de los otros poderes, con reformas a la Constitución regresivas, antidemocráticas y hechas con las patas (ahora habrá reformas a las reformas). Entre 2019 y 2024 México descendió 19 lugares en el IED: ni duda cabe que para el informe 2025 tendrá una calificación aún muy baja.
X: @Ismaelortizbarb
GR