La nueva transparencia

Ante la formal desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) prevalece la duda de lo que sucederá con los derechos que tutelan éste y los órganos garantes en los estados, mientras se publican las leyes complementarias en esta materia.

Sin duda, con la desaparición de los órganos autónomos, entre los que está el Inai, las atribuciones que tenían están en una especie de limbo jurídico, a pesar de lo que aseguran las autoridades morenistas de que los derechos y obligaciones que tutelan prevalecen.

En el caso del Inai, la obligación de los entes públicos de informar a los ciudadanos no desaparece, como tampoco el derecho a la información. Sin embargo, entre la existencia de obligaciones y derechos y la realidad, hay una gran distancia.

Cuando la desaparición del órgano garante federal de la transparencia comenzó a manejarse, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, se aseguraba que no habría problemas para la transparencia, porque esta se prevé en la legislación. Lo que se desaparecía, afirmaba el ex mandatario, era la burocracia que se creó desde el Inai y los institutos de transparencia en los estados.

Y como ya se ha demostrado, es cierto que los órganos garantes de la transparencia se convirtieron en nóminas atractivas, con salarios interesantes. Sin embargo, su labor se ha vuelto indispensable para la transparencia.

La todavía comisionada del Inai, Julieta del Río, señalaba ayer que mientras no se emitan las leyes secundarias después de que se formalizó la desaparición de este organismo, los entes públicos tienen la obligación de subir la información a la Plataforma Nacional de Transparencia y el Inai sigue siendo la institución a la que los ciudadanos pueden acudir ante incumplimientos en la materia.

Por su parte, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, lanzó una declaración que más bien parece un deseo: “Podrán cambiar las leyes y las instituciones, pero lo que no puede ni debe cambiar son los compromisos con la sociedad”.

Lo cierto es que dejar a la voluntad de los funcionarios públicos el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia es un verdadero absurdo. Los periodistas lo sabemos y, seguramente, también las comisionadas.

La mayoría de los funcionarios siguen creyendo que la información pública que está en su poder les pertenece y se resisten a que sea accesible para los ciudadanos. La mayoría de las autoridades incluso tienen en sus áreas de transparencia expertos que les ayudan a complicar el acceso a la información, sin violar la ley, e incluso a evadir la obligación.

En el caso de las entidades federativas, incluido por supuesto Jalisco, la Plataforma Nacional de Transparencia significó un cambio favorable muy importante, incluso para presionar al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) para resolver a favor de los ciudadanos.

La legislación que se apruebe para garantizar el acceso a la información debe establecer claramente las obligaciones y, sobre todo, los procesos y sanciones en caso de incumplimiento. De lo contrario, dejarlo a la voluntad de las autoridades será para ellos el paraíso de opacidad del que tanto disfrutan.

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