Juicio a los ex presidentes

A finales de 2019 se modificó el contenido del artículo 35 de la Constitución para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de reformar disposiciones relativas a la consulta popular y reconocer la revocación de mandato. La legislación reglamentaria señala que la consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho de expresar opinión respecto de temas de trascendencia nacional, y define esa trascendencia cuando se configuran elementos como repercusión en la mayor parte del territorio nacional e impacto en una parte significativa de la población. 

La consulta puede solicitarse a iniciativa del presidente de la República, 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o por ciudadanos que deben sumar con sus firmas de solicitud al menos 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Para iniciar la consulta popular se debe hacer una petición por escrito con nombres completos y firmas de las personas solicitantes, establecer el propósito y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional y en una sola pregunta señalarse lo que debe ser consultado. 

Bajo el amparo de estas disposiciones constitucionales, dos jóvenes mexicanos presentaron el aviso de intención para una consulta a finales de agosto de este año y con ello se dieron a la tarea de reunir cerca de 2 millones de firmas (2 por ciento del listado nominal de electores) en un plazo de apenas unos 15 días. En este proceso, corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar la validez de la pregunta formulada y, después, al Instituto Nacional Electoral establecer si se reunieron las personas solicitantes necesarias. 

La petición denominada Juicio a Ex Presidentes fue iniciada por Omar García, joven maestro egresado de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y sobreviviente al ataque a los normalistas del 26 de septiembre de 2014, en el que tres de sus compañeros perdieron la vida y 43 fueron desaparecidos, y por Ariadna Bahena, estudiante universitaria y activista social del estado de Guerrero. La pregunta establecida para la petición es “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”. 

Esta solicitud tuvo eco entre la ciudadanía y de manera inmediata voluntarios, colectivo y redes de apoyo respaldaron la petición iniciada por los dos jóvenes, instalando mesas de recogida de firmas en distintos puntos del territorio nacional. Para descentralizar el proceso a través de un sitio web se pusieron a disposición los formatos legales y el punto de contacto para recabar las firmas; finalmente, el 16 de septiembre entregaron en el Senado alrededor de 2.5 millones de firmas recabadas solicitando la consulta. 

Ahora iniciará el camino legal para determinar la procedencia que, en caso de ser así, la consulta se realizará el día de la jornada electoral federal de 2021; pero el ejercicio en sí mismo es sumamente valioso, por el hecho de contar con mecanismos de participación ciudadana, por la expectativa generada en la población que respondió con su firma logrando en apenas dos semanas rebasar la cuota de respaldo prevista en la ley, y por la urgente necesidad de poner fin a tantos años de impunidad y corrupción, para que los gobiernos responsables de la entrega del patrimonio nacional, del desmantelamiento de las políticas de bienestar, del Estado fallido en materia de seguridad que provocó cientos de miles de muertos a lo largo del territorio, más de 75 mil desaparecidos y miles de fosas clandestinas sean llamados a juicio. 

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