El desastre en torno al agua

Como si se hubiera encontrado a los responsables de que miles de familias en el Área Metropolitana de Guadalajara se hubieran quedado sin agua, el 22 de marzo pasado el jefe de Gabinete del gobierno del estado, Hugo Luna Vázquez, anunció que se habían clausurado tomas clandestinas del llamado Sistema Antiguo, lo cual permitiría restablecer el servicio. 

Un mes después quedó claro que no eran tomas clandestinas y que, además, tampoco sirvió para mejorar el abasto de agua. Además, un juez federal concedió una suspensión de plano a los productores, quienes acreditaron tener sus concesiones de agua en regla y los permisos de extracción actualizados. 

El manejo que las autoridades estatales han dado a la crisis del agua metropolitana ha sido en términos generales un desastre. Por su parte los municipios, que constitucionalmente son los responsables de prestar este servicio, han aprovechado la vieja metropolización del sistema para lavarse las manos. 

Las fallas que han llevado al desabasto comenzaron desde que se decidió repartir los espacios en las áreas encargadas del servicio como el resto de las dependencias, entre amigos o entre quienes han apoyado las campañas de Movimiento Ciudadano, sin importar que no cubrieran el perfil para esta responsabilidad. 

Lo anterior llevó a que, en un momento de sequía grave, no se tomaran a tiempo las decisiones adecuadas. Expertos en el tema han confirmado que no se actuó a tiempo para disminuir la extracción de agua de la presa Elías González Chávez, también conocida como Calderón, y evitar que ésta quedara prácticamente seca. Tampoco se tomaron las decisiones para usar el agua del lago de Chapala, que pasa por un buen momento. 

Los problemas de sequía que afectan al país tienen varios años. La diferencia entre los años anteriores y este, según los especialistas, no es la falta de agua, sino la ineficiencia de quienes debieron tomar decisiones. 

Con la misma ineficiencia se actuó el 22 de marzo pasado. Con bombo y platillo el jefe de Gabinete, Hugo Luna, y la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, anunciaron la clausura de tomas irregulares en lo que se conoce como Sistema Antiguo. 

Al día siguiente, productores de la Ciénega mostraron documentos para acreditar que tienen concesiones de agua y están en regla. Además, informaron que tenían varias semanas en reuniones con representantes de la Secretaría General de Gobierno, con quienes acordaron retrasar el riego para permitir el flujo de agua hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por lo que no se explicaban las acciones ordenadas por Hugo Luna, quien usó la fuerza pública. 

Lo peor fue que para que el agua de esa región llegue a la ciudad eran necesarias labores de retiro de maleza y desazolves, que a la fecha siguen sin realizarse. Es decir, el agua incluso se desperdició. 

El nuevo capítulo en esta historia es que un juez federal concedió un amparo a favor de tres ejidos para que les permitan tener acceso a sus tierras y a las instalaciones hidráulicas, que mantenía secuestradas el gobierno del estado, y para que no se les impida el uso del agua que tienen concesionada. 

La revisión de la autoridad federal confirma que el gobierno del estado actuó de manera incorrecta y violó los derechos de los ejidatarios. 

Además, la medida no tuvo impacto para reducir el problema, por lo que ya hay colonias de la ciudad que tienen hasta tres meses sin agua. 

El problema es que lejos de plantear soluciones a corto plazo, las autoridades responsables han querido responsabilizar a otros de lo que sucede, sin contar que simplemente han apostado por revivir los viejos proyectos cuyo fracaso ha quedado demostrado. 

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