Quinto Patio

El programa estrella del gobierno estatal apenas arrancó la administración, llamado A Toda Máquina, será un caso de estudio. La idea del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción es desmenuzar todo lo que salió mal en ese proceso, no solo en la licitación como tal, sino en las investigaciones por la actuación de los funcionarios involucrados. Planteaba uno de los integrantes del CPS, Jesús Ibarra, que el sistema no es una serie de instancias encadenadas que se pasan la estafeta, sino que hay varias simultáneamente desarrollando distintas funciones.

Y David Gómez le contestaba que a lo mejor eso es lo que tiene que cambiar, que sí se pasen la estafeta. Pedro Viveros, otro integrante, decía que el desencanto que generó A Toda Máquina podría servir para proponer modificaciones legislativas ante el Congreso del Estado para que el sistema funcione adecuadamente, pues está pendiente terminar las reformas pertinentes. Tienen tela de dónde cortar y remendar en el CPS. El programa estatal sí caminó a toda máquina, pero en el cúmulo de irregularidades.

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El otro caso paradigmático de corrupción para el CPS es el del proyecto inmobiliario Iconia, en el norte de Guadalajara. Así lo expuso Nancy García, integrante del CPS. Para David Gómez, en el mundo muchos de los escándalos de corrupción han sido identificados y denunciados por entidades autónomas e independientes, como las universidades. Ante el informe que presentó Iliana León, de la UdeG, sobre el caso Iconia, Jesús Ibarra acotó que todavía falta la auditoría oficial para hacer un análisis a profundidad.

Por cierto, León fue muy enfática en el incumplimiento total de la desarrolladora de las condiciones para que se le entregara el terreno y que el ayuntamiento ha mentido públicamente al exponer como ya terminadas algunas de las obras que se suponía que debía terminar a cambio. A cálculo de la especialista, el gobierno obtenía solamente un peso por cada tres de los que valía el predio, considerando que va a elevar su valor. Por lo pronto, ya hay solicitud de juicio político contra ex alcaldes tapatíos por el caso.

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De los 125 ayuntamientos de Jalisco a los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos les solicitó información y evidencias de que están cumpliendo sus responsabilidades en cuanto a las desapariciones de personas, 17 ni se molestaron en responder. Se trata de Cuquío, Chimaltitán, El Salto, Huejuquilla el Alto, Juanacatlán, Mexticacán, Quitupan, Santa María de los Ángeles, Teocuitatlán de Corona, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán, Tonalá, Tuxpan, Villa Purificación, Zapotlán del Rey y Zapotlán el Grande.

De los 17 municipios que incumplen hasta para dar información, cuatro son del área metropolitana tapatía: El Salto, Juanacatlán, Tonalá y Tlajomulco. En los cuatro se han encontrado restos de desaparecidos que fueron enterrados en fosas clandestinas. Y, lo peor, Tlajomulco y El Salto son los municipios con mayor número de cuerpos exhumados ¡en el país!, como informó este mes la Segob. Ah, pero eso sí, sus alcaldes con licencia, de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Santillán y Salvador Zamora, andan en campaña buscando reelegirse. Baia, baia, baia.

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Y ya que andamos con alcaldes naranjas, ¿qué está sucediendo en Villa Purificación? Reportan que detienen con vehículo robado al hijo del presidente municipal, Moisés Brambila, cuya madre, Guadalupe Sánchez, es candidata a relevarlo en el cargo también por MC.

Al alcalde, recordemos, la Unidad de Inteligencia Financiera le bloqueó cuentas bancarias en 2020. En el municipio, en 2015, un grupo delictivo desapareció vecinos y derribó un helicóptero federal. Recordemos.

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