El exceso de participación de la SCJN

La división de poderes, desde el momento en que se comenzó a teorizar sobre la importancia de equilibrar el ejercicio del peso de la autoridad en instancias institucionales diferentes, consideraba una forma importante de no cargar todas las atribuciones directivas en un solo órgano sino en tres, con la intención de lograr los equilibrios necesarios en caso de cualquier exceso cometido por cualquiera de las instancias encargadas de gestionar la autoridad pública, en virtud del carácter de representación que constituye la base en la que se sustenta el poder de cada uno de los órganos de gobierno.

En la actual administración federal el peso que tiene el Ejecutivo respecto de los otros dos poderes ha sido devastador y la influencia que se ha querido ejercer desde la Presidencia ha tenido dos momentos distintos de contundencia. Hasta antes de las elecciones intermedias de 2021, la estructura mayoritaria de Morena, movimiento político establecido como mayoría en el Poder Legislativo y la base sustancial en el Ejecutivo, se establecieron sin transformar la perspectiva de partido a su mutación en gobierno, con lo que muchos de los elementos que se integraron en la esfera de decisiones se realizaron con un eje partidista y no de administración pública. Al contar con la mayoría legislativa, el Ejecutivo estableció directrices claras para su procesamiento legislativo, que en la primera fase de la administración se procesó sin contratiempos. Se trató de la época de “no modificar ni una coma”.

En ese momento se ejerció sustancial presión sobre el Poder Judicial, llegando a generar la renuncia de uno de los ministros y colocando, en ese espacio de decisión a un ministro proclive a las decisiones del partido.

En la segunda fase, después de las elecciones intermedias, la mayoría partidista del inicio se vio transformada y la aparición de otros actores políticos en la trama legislativa, cambió la contundencia de las fuerzas mayoritarias del primer trienio. El tema de negociación no está en la perspectiva del partido en el poder. Si bien, la fuerza mayoritaria que tiene la 4T en el Poder Legislativo continúa con contundencia, la relación de supremacía se disminuyó y la necesidad de negociar con las demás fuerzas políticas se convirtió en una realidad en la Cámara de Diputados y de Senadores. De esta forma, al generar una sesión sin la oposición en la presentación de 20 iniciativas emanadas del Ejecutivo, sin ningún tipo de análisis para su procesamiento, implicó que una vez aprobadas por las fuerzas leales al Ejecutivo, en la estructura de varias de esas iniciativas se presentaban medidas contrarias a las determinaciones constitucionales, en consecuencia, se generaron diferentes tipos de solicitudes sobre actos inconstitucionales, así como inconstitucionalidad de varios apartados contenidos en dichas iniciativas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta fase en la que establecer mecanismos de gestión de administración pública y transformar esa función en un esquema de controversias ante la SCJN plantea un complejo escenario de intervención permanente de la Corte en temas de gestión pública. La acción de administrar se está transformando en una de resolución ante la corte, en la medida en que las políticas públicas se han impregnado de disposiciones partidistas. El peso de determinaciones sobre la SCJN y la intervención de ésta ante la inconstitucionalidad de actividades rutinarias de administración, además de generar un desgaste, anuncian la tónica de las elecciones de 2024, en que habrá un escenario similar que, en lugar de establecer el proselitismo normal entre partidos, habrá una participación inusual de procedimientos judiciales en lugar de promoción de partidos políticos en una normal contienda para obtener las mayorías de los votantes.

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