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¿Para espiarnos?
A creerle
Está muy claro que una persona, para sobrevivir y/o vivir con calidad, necesita trabajar formal o informalmente, porque otra opción es dedicarse a actividades ilícitas o francamente criminales y así obtener ingresos económicos para resolver sus necesidades y las de su familia, lo cual no debe ser alternativa.
Mediante el trabajo nos generamos ingresos económicos para pagar: vivienda, alimentación, atención a la salud, servicios de agua, luz, gas, teléfono, Internet y gastos de educación y de transporte, así como para comprar ropa y materiales de limpieza, para pagar reparaciones domésticas, para cubrir gastos de recreación, darles “domingos” a las y los hijos y, si se puede, pagar vacaciones familiares.
Desde hace muchos años los padres de familia han promovido en sus hijos que estudien preferentemente una carrera profesional y, si no se puede, cuando menos una carrera técnica para asegurarse un futuro promisorio y una vida con calidad. Esto también lo promueven los medios de comunicación o el cine, ya que en sus producciones asocian a personajes exitosos y atractivos con un título universitario de médico, abogado, ingeniero, arquitecto, etc.
De lo que poco se habla es que, a diferencia de hace unos cuantos años, hoy muchas de las y los profesionistas no reciben salarios u obtienen ingresos suficientes para vivir con calidad y dignidad. Los sueldos son insuficientes o, francamente, precarios y por ello muchos tienen dobles o hasta triples trabajos.
Algunos ejemplos de los ingresos que perciben las y los profesionistas nos los presenta el Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con cifras actualizadas al primer trimestre de 2023. Los profesionales de finanzas, banca y seguros perciben mensualmente 22 mil 551 pesos; los médicos, 19 mil 171; los profesionales de la seguridad pública, 16 mil 551; los arquitectos y urbanistas 15 mil 409; los ingenieros civiles, 15 mil 264; los sociólogos, 14 mil 996; los profesionales de la computación, 14 mil 876; los profesionales de la odontología, 14 mil 724; los ingenieros químicos, 13 mil 791; los abogados, 13 mil 676; los historiadores, 13 mil 442; enfermería y cuidados, 12 mil 125; los psicólogos, 11 mil 618; los educadores de nivel primaria, 11 mil 123, o los terapeutas físicos y rehabilitadores, 10 mil 632.
La pregunta es si estos ingresos económicos verdaderamente les dan certidumbre a sus vidas.
Lejos de acusar a las y los profesionistas de aspiracionistas y considerarles privilegiados del sistema, es urgente iniciar a estudiar, reflexionar y evaluar su situación para definir e implementar políticas y programas públicos sobre el ejercicio de las profesiones. Tenemos a nivel nacional un gran rezago en torno al estratégico tema del desarrollo de las profesiones y carreras técnicas.
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GR