La ministra del pueblo

El nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama, el 14 de diciembre pasado (asumió el cargo el 4 de enero), no estuvo exento de polémicas. En principio, por haber sido la primera ministra nombrada directamente por el jefe del Ejecutivo, toda vez que la oposición en el Senado rechazó en dos ocasiones la terna enviada por el presidente López Obrador (ternas chafas, por cierto).

El problema es que la oposición rechazó ambas ternas porque, de acuerdo con el último párrafo del artículo 95 constitucional, se establece que los nombramientos “deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia”. La ley establece que, si el Senado rechaza ambas ternas, el presidente podrá nombrar a una de cualquiera de las ternas rechazadas.

En el caso de la llamada “ministra del pueblo”, no tiene una trayectoria en la “impartición de la justicia” (ni las otras de la terna), pero sí una trayectoria política muy sólida, además de ser miembro del clan Batres, que ha conseguido llegar a cargos públicos de renombre en la Ciudad de México (CDMX): hermana del jefe de Gobierno de CDMX, hermana de Valentina (ex parlamentaria); el malogrado encargado del despacho de la Fiscalía General de la CDM, Ulises Lara (padre del hijo de Lenia), etcétera.

Al igual que este último, la ministra Batres estudió derecho en la prestigiada Universidad Humanitas (Lara estudió en la Universidad Cúspide), pero su maestría y doctorado, además de sus encargos públicos, han estado relacionados con cuestiones de urbanismo. O sea que nunca tuvo oportunidad de empaparse de lo que es el Poder Judicial, pues nunca tuvo un cargo, ni siquiera administrativo (pero sí una amplia carrera partidista).

La ministra entró con el pie izquierdo a la SCJN: en su discurso de toma de posesión llegó “pateando el pesebre”, al acusar a sus colegas de subordinar la Constitución a sus designios y que entre abogados se comenta que la Constitución dice lo que la SCJN indique. Lo peor fue acusar que la Corte “no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables”. Hasta la fecha no ha señalado cuáles son dichas decisiones.

Después, ya en el cargo, pidió que le redujeran el sueldo (menor al de López Obrador) para estar a tono con la “austeridad republicana”, así como incorporarse al ISSSTE. Dichas peticiones fueron negadas: una, porque el salario no es una prestación y, como ministra, es considerada como patrón. Además, les pidió a los empleados heredados que también renunciaran a sus prestaciones y se bajaran el sueldo.

Luego, en una sesión donde se discutía un proyecto del ministro Aguilar. En su intervención, Lenia discutía la contradicción entre una suspensión temporal y una definitiva; tanto Aguilar como la presidente Piña le corrigieron la plana. Con ello, demostró que lo suyo no es el derecho constitucional.

La ministra (mal llamada “del pueblo”) es en realidad ministra de AMLO. Desde la renuncia de Zaldívar (antes de concluir su mandato, porque se le quemaban las habas para poder dedicarse de lleno a la política) su nombramiento fue una jugada perversa urdida desde Palacio Nacional: la ministra del pueblo es la ministra de López Obrador, no de la Constitución.

En fin, leyendo al plagiado (por la fiscal “carnal”) Mauricio Merino, dice que: “… el primer pivote de la corrupción es… la captura de los puestos públicos para fines personales o partidarios, con independencia de la remuneración… o de la austeridad que impongan a sus tareas”.

X: @Ismaelortizbarb

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