El cocodrilo en la bañera

Cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, comentó sobre la postura de su país con relación a la reforma judicial, en especial a la elección de juzgadores, los voceros la 4T le recordaron que en el país del norte también se eligen los jueces (es cierto, pero no los federales, solo los estatales, y no en todos los estados).

Si bien inicialmente todos los jueces eran designados antes de conformase la Unión, la decisión de algunos estados de elegir sus juzgadores tiene diferentes orígenes diversos, con matices, inconvenientes e incertidumbres de reformas a la forma de designarlos. Algunos estados (los menos) optaron por a sus jueces para mantenerlos distantes de los jueces federales, cimentar su independencia y reforzar su autonomía de las presiones políticas locales.

El primer estado que decidió elegir a sus jueces fue Mississippi en 1832. Una década posterior, muchos estados siguieron su ejemplo. Sin embargo, desde entonces, los vaivenes entre designarlos y elegirlos han sido constantes. Esta decisión de enmendar las constituciones locales dependía de los cambios en el entorno político y económico.

Inicialmente, los juzgadores contaban con el apoyo de los partidos políticos, pero con el tiempo los miembros del Poder Judicial local se vieron obligados, para permanecer en el cargo, a complacer a los partidos que los respaldaron en un principio. Por esta razón, algunos estados decidieron que los partidos no intervinieran en el apoyo a los candidatos a jueces.

Michael S. Kang y Joanna Shepherd se dedicaron a recabar y analizar información sobre la forma en que los jueces son elegidos en EUA, y presentaron sus hallazgos en el libro Free to Judge: The Power of Campaign Money in Judicial Elections (Libertad para juzgar: El poder del dinero de campaña en las elecciones judiciales, 2023, Stanford University Press).

En su texto, los autores exploran cómo y por qué el dinero influye cada vez más en la administración de justicia en el sistema legal de Estados Unidos, basándose en un estudio empírico –con datos de los últimos 30 años– sobre la correlación entre el financiamiento de campañas y la toma de decisiones judiciales. Descubrieron que, debido al deseo de ser reelegidos, los jueces se inclinan en sus sentencias a favor de los intereses y preferencias de sus donantes en todos los casos. El Brennan Center (https://goo.su/PiPUo) ha documentado que, entre 2021 y 2022, candidatos, grupos de interés y partidos políticos gastaron más de 100 millones de dólares.

La reforma al Poder Judicial de México, en especial en lo referente a la elección de jueces, ha destapado la caja de Pandora: es probable que los candidatos vayan a recurrir a poderes fácticos, empresarios o incluso al crimen organizado para financiar sus campañas, lo que pone en riesgo la imparcialidad y justicia en la toma de decisiones, tal como ocurre en EUA. Acaso ese es el cocodrilo en la bañera (Gerald F. Uelmen, 1997, dixit) que nadie ha podido (o no ha querido) ver en la reforma judicial.

X: @Ismaelortizbarb

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