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Ingenuos
El abogado de Ovidio
Aunque el artículo 267 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco explicita que todas las unidades de las rutas de transporte público “deberán de contar en funcionamiento con los mecanismos y dispositivos necesarios para brindar un servicio que permita la accesibilidad universal de las personas”, la realidad es que la situación cada vez es peor. Si bien antes se exigía que, al menos, 10 por ciento de las rutas tuvieran rampas, ya ni eso.
De 233 rutas que circulan por la Zona Metropolitana de Guadalajara, 95 no cumplen ni siquiera con ese 10 por ciento requerido, lo que representa un retroceso para garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad. Es más, siete rutas alimentadoras del MiMacro no tienen ninguna unidad con rampa: AMC03, AMC06, AMC07, AMC09, AMC13, AMC15, AMC16. ¿Será que los transportistas solo se llenan los bolsillos con el subsidio que obtienen de las autoridades? ¿Seráááááááá?
Vecinos de Juanacatlán se manifestaron de nuevo ayer en contra de la termoeléctrica o la termo, como le llaman. Que sus bosques, sus ríos y su agua, exigen, deben ser respetados, no contaminados. Bajo un enorme toldo, cientos de habitantes sentados o de pie en la plaza principal escucharon expresiones en contra del proyecto federal que pretende reactivar la planta conocida como La Charrería.
Estaba anunciado que el cabildo sesionaría ayer para confirmar su postura de rechazo, pero lo hizo el sábado. La alcaldesa Ana Vergara aseguró que no aprobará ningún cambio de uso de suelo, aunque aclaró que no se ha presentado ninguna solicitud ni proyecto en ese sentido. El gobierno federal no ha precisado más información sobre la termo. Juanacatlán ya de por sí enfrenta desde el siglo pasado la aguda contaminación del río Santiago. Nomás.
Teocaltiche es uno de los casos paradigmáticos de cómo policías municipales no solo de Jalisco, sino del resto del país están bajo el mando real de grupos delictivos y sus llamados “jefes de plaza”. Miren que el Centro de Comando y Control (C2) que operaba en el municipio era controlado por el crimen organizado, como reveló el gobernador Pablo Lemus Navarro, como parte de la información que se obtuvo de uniformados municipales.
El mandatario estatal mencionó que el C2 estaba en el municipio, pero era una pantalla, porque era operado en otras oficinas del crimen organizado; incluso, el encargado del mismo es uno de los policías desaparecidos. De ese tamaño.
Para atender la crisis forense de Jalisco y acelerar los procesos, especialistas proponen usar los tatuajes como herramienta de identificación humana. Plantean crear dos bases de datos homologadas: una, ante mortem, que incluya los tatuajes de personas desaparecidas, y otra, post mortem, con los tatuajes de personas sin identificar, para posteriormente hacer el cruce de datos.
Precisamente hoy se define quiénes serán los titulares de la secretaría técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dos organismos clave para enfrentar las crisis de desaparecidos y de cuerpos sin identificar. Colectivos de familias con desaparecidos se reunirán con el gobernador Pablo Lemus Navarro para tomar estas decisiones.
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