Política de austeridad

El 29 de abril fue aprobada por la Cámara de Diputados la ley de austeridad republicana y remitida al Senado para sus efectos constitucionales. La iniciativa de ley fue presentada por el grupo parlamentario de Morena en respuesta al compromiso de campaña realizado por el entonces candidato al Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dada a conocer el 15 de julio como 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana.

Como respuesta a estos lineamientos, un grupo de funcionarios, ex funcionarios, profesionistas e investigadores presentaron en septiembre de 2018 un análisis de dichos preceptos. Una de las principales críticas fue a la propuesta 21, que establece que “se reduce toda la estructura de confianza en 70 por ciento de personal y del gasto de operación”. El documento advertía que, de concretarse este punto, se corría el peligro de que “el sector público en su conjunto atravesaría por una compleja situación de crisis, pues indudablemente se verían afectadas todas las actividades sustantivas y administrativas”.

Posteriormente, el diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona presentó una iniciativa más elaborada y con mejores argumentos que la presentada en septiembre por los diputados Jorge Luis Montes Nieves y Mario Delgado Carrillo. La ley contempla principalmente limitaciones a los gastos suntuosos que funcionarios gubernamentales de pasadas administraciones realizaban sin limitación alguna con cargo al erario: viajes, seguros, haberes de retiro, gastos médicos, automóviles, contratación de servicios, entre otros.

La austeridad en el gasto público no es privativa de esta época: ha estado presente toda la historia de la humanidad. Ante las evidencias observadas, Florian Schui, en su libro Austeridad: el gran fracaso, afirma que “durante los últimos 2 mil 500 años, los partidarios de la austeridad en su mayoría no han podido presentar un argumento económico convincente para su causa”, y agrega que las políticas de austeridad implementadas en muchos países occidentales han traído el dolor del retraso económico, pero casi ninguno de los beneficios, el crecimiento renovado o la prosperidad prometido por los políticos.

Lo mismo piensa Mark Blyth en su obra Austeridad. Historia de una idea peligrosa al establecer que los argumentos a favor de la austeridad representan generalmente “un peligroso disparate”. Su conclusión es contundente: considera que, después de haber analizado los argumentos de los ideólogos de la austeridad (como política económica y como ideas económicas), “la austeridad presenta carencias tanto en un sentido como en otro. La austeridad no funciona. Punto”.

A partir del primer día de diciembre de 2018 la reducción de personal en todas la dependencias, instituciones y programas del gobierno federal procedieron a dar de baja un buen número de trabajadores, muchos de ellos con años de antigüedad y bajo condiciones denigrantes; además de cerrar programas y no darles continuidad, como las estancias infantiles, los refugios de mujeres violentadas. Lo más evidente (y peligroso, por tratarse de asunto de salud pública) fue el irresponsable desabasto de retrovirales para 30 mil pacientes con VIH, argumentando el robo de los mismos. Los médicos se quejan también del desbasto de medicinas en hospitales, clínicas y dependencias de sector salud.

La alternativa a la austeridad debe buscarse en la eficiencia de la administración pública, en la reducción de la corrupción y en el combate a la impunidad. Haber reducido del programa de empleo temporal, especialmente a quienes se contrataba para el combate a los incendios, dejó a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) sin fondos. Las consecuencias son evidentes ante la contingencia ambiental. Algo similar ocurre con la impresión de los libros de texto gratuitos.

Otro aspecto risible es la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (¿Indepuro?) con toda la intención de seguir cosechando votos y seguidores en lugar de utilizar las instancias ya existentes (Hacienda o Desarrollo Social) para ejercer dichos recursos y no crear más burocracia y clientelismo político y social.

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JJ/i