Impunidad y estado de derecho

Los horrendos asesinatos de mujeres e infantes en el país han causado en todos los sectores de la sociedad una indignación generalizada por la crueldad con que se han realizado. A las autoridades les ha caído como una cubeta de agua helada que los ha dejado completamente pasmados: sólo aciertan a balbucear con torpeza justificaciones falaces y acusaciones fantásticas. Mientras tanto, a nuestro alrededor mujeres e infantes siguen poblando el territorio de cruces y desolación. 

Como respuesta, la Cámara de Diputados aumentó la pena de 60 a 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y abuso sexual, contemplado en el Código Penal Federal. Es muy difícil para los legisladores entender que esta medida no incidirá en lo mínimo en la conducta criminal cada vez más en ascenso: de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015 se cometieron 411 feminicidios; en 2016, 602; en 2017, 741; en 2018, 891; en 2019, 976; y en lo que va de 2020 se han registrado 265; no se contemplan muchas otras mujeres que han sido asesinadas, pero se califican como homicidios dolosos. 

Considerar que este incremento se debe a que “hay más apertura para que se den a conocer” (Yeidckol Polevnsky), es un intento torpe por tratar de justificar un gobierno incapaz de revertir la tendencia de este crimen. Culpar al neoliberalismo (Polevnsky, Batres, AMLO) como origen de todos los males, incluyendo el feminicidio, es desconectar el cerebro de la lengua y no tener memoria: desde 1997 (con Cuauhtémoc Cárdenas hasta Claudia Sheinbaum, incluyendo López Obrador) la Ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda (PRD y Morena). Si ya se desterró el neoliberalismo de México, ¿por qué no desciende la cifra de feminicidios? 

Tal vez la respuesta está en otra parte. Si consideramos que la falta de profesionalismo de las instancias de procuración de justicia, tanto por la torpeza para llevar a cabo una pesquisa criminal como por la incompetencia para integrar una carpeta de investigación, permite que los criminales salgan por la puerta giratoria debido a pifias en el debido proceso. Esto ha propiciado que la impunidad en nuestro país sea de 98.86 por ciento; esto es, de cada 10 delitos sólo se esclarece uno. Por otro lado, existe la llamada cifra negra (delitos no reportados y que no se inicia investigación) que es del 93.6 (www.impunidadcero.org). 

La impunidad en México se asienta en la ausencia de un estado de derecho. Tener un entramado jurídico claro, coherente y en armonía con el respeto a los derechos humanos no es suficiente para garantizar justicia para sus ciudadanos, si no se tienen instituciones sólidas que garanticen el cumplimiento efectivo de sus funciones. 

De acuerdo con los resultados del Índice de Estado de Derecho 2019 publicado por World Justice Project (https://worldjusticeproject.org/), el promedio de nuestro país es de 0.45 (el puntaje oscila entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho). Esta puntuación nos sitúa en el nada honroso lugar número 99 en el ranking global de 126 países. En la región estamos en el lugar 26 de 30 países latinoamericanos y del caribe. 

Impunidad y ausencia de estado de derecho son ambas caras de la misma moneda: la incompetencia en la capacidad investigadora de las fiscalías y su incapacidad en el desempeño del modelo acusatorio, han debilitado al estado de derecho en nuestro país y ha propiciado el alto índice de impunidad. ¿Cómo se pretende combatir así la violencia contra las mujeres? 

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