El ‘affaire’ Constellation Brands 

Mexicali Resiste es “un grupo de ciudadanos y ciudadanas que nos unimos por dos consignas ‘no a la privatización del agua’ y ‘abajo el gasolinazo’”. Sus deseos son los de vivir en un Estado “donde desaparezcan las diferencias entre las clases sociales”; que las instituciones gubernamentales rindan cuentas y desaparezcan beneficios y prestaciones de los funcionarios públicos. Este se formó a finales de 2017 a partir de un movimiento de rebelión cívica que protestó contra el reemplacamiento, el incremento a las tarifas de luz y la ley de agua. 

En 2015 un grupo empresarial informó al entonces gobernador de Baja California, Kiko Vega de la Madrid, su intención de establecer un proyecto para elaborar, distribuir y vender productos de exportación de alimentos y bebidas (Constellation Brands); se proyectaba la instalación de una planta con una inversión de 2 mil millones de dólares, con lo que se crearían 4 mil empleos indirectos en la construcción de la planta y mil directos para la operación. Un requerimiento proyectado para los próximos 50 años era de 20 millones de metros cúbicos anuales de agua. 

El grupo Mexicali Resiste se dio a la tarea de organizar protestas, desobediencia civil, bloqueos y toma de edificios públicos. Su líder, León Fierro, fue detenido, encarcelado y dejado en libertad tras 20 días de una intensa presión social. Los ejidatarios afectados son quienes llevan la lucha en los tribunales, mientras Mexicali Resiste lo hace en la protesta. En 2017 lograron frenar la construcción de un acueducto de 47.5 kilómetro que desembocaría en el área donde se construye la planta. 

El pasado fin de semana se llevó a cabo una consulta entre los habitantes de Mexicali, que tiene una población de más de un millón de habitantes. En el ejercicio participaron un total de 36 mil 781 electores, de las cuales 27 mil 973 (76.1 por ciento) votaron en contra y 8 mil 547 (23.2) lo hicieron a favor de la instalación de la planta. Habrá que decir que sólo podían participar quienes estuvieran inscritos en el listado nominal de esa ciudad, que es de 794 mil 900 ciudadanos. Eso significa que el total de participantes en el ejercicio representa tan sólo 4.6 por ciento del listado nominal; esto significa que 95.4 de los ciudadanos de Mexicali no participaron en la consulta.  

Ahora bien, la Constitución Política de Baja California contempla dos figuras de participación ciudadana: consulta popular y plebiscito; la primera es para consultar “sobre temas de amplio interés estatal”; mientras que el plebiscito es para que expresen su aprobación o rechazo de actos del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos “que se consideren trascendentes en la vida pública del estado” o “municipio de que se trate”. 

Hay una diferencia sustancial entre consulta popular y plebiscito. El primero es para cuestiones de interés estatal y el plebiscito puede ser usado para asuntos municipales (que es el caso de la instalación de la planta de Constellation Brands). Además, como se establece en la Constitución local, es el Instituto Electoral de Baja California la instancia indicada para organizar cualquier mecanismo de participación ciudadana y bajo requisitos legales establecidos en la ley. 

Independientemente de los argumentos esgrimidos por el sector empresarial y los activistas de Mexicali Resiste, los resultados de la consulta convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no resisten la prueba de la legalidad. En todo caso, si como dijo AMLO, hubo corrupción en los permisos, los tribunales deben ser el camino para detener la obra. 

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