En la senda del totalitarismo

La volvieron a hacer los legisladores de Morena: mientras se desarrollaba el vodevil de Salgado Macedonio ante las puertas del Instituto Nacional Electoral (INE), se aprobaron modificaciones a la Ley de Hidrocarburos (diputados), al igual que a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (senadores). Sin embargo, se prevé que ambas leyes recibirán la misma bienvenida que la ley de energía eléctrica, esto es, directo a los tribunales.

La primera ley afectará a los negocios de la iniciativa privada; la segunda, a la mayoría de la ciudadanía; o al menos a quienes hacen uso de la telefonía celular. Al respecto de esta última, la iniciativa aprobada por el Senado establece crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil (PNUTM), donde las empresas proveedoras del servicio deberán registrar los datos biométricos de los usuarios, además de otra información de datos personales (huellas digitales, fotografías del rostro y datos detallados del domicilio del usuario).

El argumento central para la elaboración de este padrón es que se usará para combatir la delincuencia en sus modalidades de extorsión, secuestro y/o fraude. Sin embargo, anteriormente ya se tenía la amarga experiencia cuando, en el sexenio de Felipe Calderón, se creó el tristemente célebre Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que fue desechado por que no se garantizó el resguardo de los datos personales, además que probó su ineficiencia en el combate a la delincuencia.

Con la elaboración del PNUTM tampoco se garantiza la privacidad de los datos personales, dado que serán recabados por los empleados de las empresas telefónicas, además de que no es la primera vez que el gobierno federal ha intentado hacerse de los datos sensibles de los ciudadanos. Recordemos que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitó (en enero de 2020) al INE que le “entregue” los datos biométricos de los ciudadanos inscritos en su padrón electoral, ante lo cual el organismo electoral los negó rotundamente.

Esta iniciativa es otro intento del gobierno federal para hacerse de datos personales sensibles con el pretexto de combatir la delincuencia. Pero en realidad, lo que se admite con esto es su incapacidad para combatir los delitos cometidos con teléfonos celulares. Es bien sabido que las llamadas de extorsión salen impunemente de los reclusorios, cuando la forma de combatirla, al menos éstas, es bloquear la señal y una mejor supervisión en las mismas. Con la creación del PNUTM el gobierno federal pretende pasarle al ciudadano la obligación que como autoridad tiene para combatir este delito.

Por otro lado, emerge en el gobierno federal un intento más por hacerse de información de datos personales sensible que solo países poco democráticos han conformado: Afganistán, Arabia Saudita, Baréin, Bangladesh, Benín, Bolivia, China, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela son los únicos países que tienen un registro similar al que se pretende en nuestro país.

Se presume que con el PNUTM no solo el mercado negro de tarjetas sim se dispare, al igual que los secuestros exprés; pero lo más preocupante es el uso inapropiado que el gobierno federal haga de dichos datos, pues se ha revelado que Fiscalía General de la República (FGR) adquirió programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos (https://n9.cl/ctaab).

Este intento es un signo más del gobierno federal para caracterizarse como un régimen totalitario y de un solo hombre.

JB