De individuos e instituciones

Es increíble. Los legisladores de Morena la volvieron a hacer. La semana pasada aprobaron una reforma para establecer el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), desoyendo no sólo a los expertos, sino a las voces ciudadanas preocupadas. Ahora pretenden extender dos años el período del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para terminar su gestión a finales de 2024, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (LOPJF). 

A todas luces, la iniciativa es irregular, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece claramente en su artículo 97: “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente” de la SCJN, “el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. No se ha escuchado una sola opinión de académicos y juristas expertos en derecho constitucional que esté de acuerdo con el fatídico decimotercer artículo transitorio de la iniciativa, salvo los argumentos a favor del presidente López Obrador (AMLO) y de algunos legisladores despistados, que caen por su propio peso. 

Se dice que no es reelección, sino “ampliación”. En efecto, no se pretende reelegir a Zaldívar; pero un transitorio no puede ir contra un precepto constitucional. Zaldívar fue elegido presidente el 2 de enero de 2019, lo que quiere decir que deberá dejar ese cargo el 31 de diciembre de 2022. De aprobarse la iniciativa lo sería hasta 2024; sin embargo, un ministro dura en su encargo 15 años. Si Zaldívar fue nombrado ministro el 1 de diciembre de 2009, termina sus funciones el 30 de noviembre de 2024, ¡un mes antes si se aprueba su ampliación! 

Otro argumento es que, dado que Zaldívar fue artífice de la reforma de marras, es él quien garantiza que los cambios se logren materializar. AMLO alega que Zaldívar “es un hombre íntegro, honesto, con principios” y si no es él, “van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, y porque los integrantes del SCJN “vienen del antiguo régimen” y “quien llegue, va a ser más de lo mismo”; esto es, que ninguno de los otros 10 ministros que integran la SCJN tiene ni la capacidad ni la calidad moral para llevar a cabo la reforma. Además, Zaldívar garantiza “a la moralización del país, ayuda a purificar la vida pública de México”. Fiel a su aversión a todo lo que huela a instituciones, insiste en privilegiar las personas por encima de aquéllas. 

Considera que quienes deben decidir sobre la inconstitucionalidad del transitorio son los diputados, aunque los legisladores de Morena en ambas cámaras han probado ser “marionetas” (jefe Diego dixit) de AMLO al no cambiar “ni una coma” a las iniciativas presidenciales (“¡Es un honor estar con Obrador!”, se escuchan a coro en el recinto parlamentario). El negocio no es así: los legisladores presentan iniciativas, pero es la SCJN la que decide si es inconstitucional o no. Por otro lado, el silencio de Zaldívar tiene que ver con su impedimento para “emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento” (LOPJF). 

Cuando AMLO asumió el cargo de presidente protestó “guardar y hacer guardar” la Constitución; si no es así, la nación se lo demandaría… y eso es lo que se le está demandando, pero no escucha. Ya advirtió que en 2024 se va tranquilo “si me lo permite la gente”. Así como considera a Zaldívar necesario para reformar el Poder Judicial, materializar la 4T sólo lo puede hacer AMLO, nadie más. ¿Buscará igual ampliar su término? 

[email protected]

jl/I