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El artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” que deberá garantizar… “la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”. Este párrafo se adicionó el 3 de febrero de 1983 durante el gobierno del primer presidente neoliberal, Miguel de la Madrid Hurtado (y de ahí se dejaron venir todos los demás derechos y el consecuente saqueo, de acuerdo con el presidente de la República).
En términos simples, la salud se define como la ausencia de enfermedad (sin considerar las personas hipocondriacas, obsesionadas con sus afecciones imaginadas). Cuando hay enfermedad, habrá que recurrir a alguna institución de salud (IS). Hay dos posibilidades de acceso a servicios de salud en México: está el de los trabajadores y sus familiares, el IMSS y el ISSSTE; para el resto de los mexicanos, antes del arribo de la 4T, el Seguro Popular, y ahora, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); aunque también están los hospitales civiles y en general los servicios de salud estatales, municipales y otros más.
En la mayoría de los casos, cuando la molestia es un simple mal respiratorio o gastrointestinal –y no se desea esperar un par de meses para que le den cita en una IS– se recurre a los llamados consultorios adyacentes a farmacias (CAF), donde no se tiene que esperar, la consulta es barata, al igual que los medicamentos que se pueden adquirir ahí mismo.
De acuerdo con la Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020, publicada por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), se advierte que, de 2018 y 2020, la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2 a 28.2 por ciento; en términos poblacionales, pasó de 20.1 a 35.5 millones de personas de un año otro. Lo más grave es que la ausencia de acceso a los servicios de salud laceró principalmente a la población en situación de pobreza extrema, pues pasó de 25.6 a 57.3 por ciento en ese lapso.
Mientras la enfermedad no impida trabajar se puede recurrir a los CAF; sin embargo, cuando el malestar requiera una intervención quirúrgica, medicina especializada o se sufra de una afección oncológica, entonces se enfrenta con la ausencia de medicinas para combatir el mal. De acuerdo con un informe del Colectivo Cero Desabasto, el problema de la carencia de medicamentos es añejo, pero se ha empeorado a partir de finales de 2019, tanto por pasar las facultades de IMSS a la Secretaría de Hacienda para realizar las compras consolidadas, como por la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con el colectivo este escenario “ha lastimado severamente a las familias mexicanas, no sólo por la pérdida de familiares, sino porque a muchos pacientes la falta de medicamentos los coloca en una condición de incertidumbre y vulnerabilidad”. Lo peor es que ahora “nos enfrentamos a la ausencia de información, planeación y coordinación en la política en salud por parte de las autoridades”. Por combatir la corrupción, se sucumbió ante la burocratización.
A pesar de los malos resultados del gobierno federal en varios rubros, el apoyo al presidente sigue manteniéndose por la mayoría de los mexicanos. Esto prueba que hay una clara disociación entre popularidad y eficiencia gubernamental: ser popular no garantiza ser buen gobernante.
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