Política de rencor

La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de la bancada de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue una iniciativa que nació muerta. Ya el bloque de la oposición lo había anunciado: no la acompañaría. A diferencia de la propuesta (bien orquestada) para que las Fuerzas Armadas pudieran estar fuera de los cuarteles para combatir la delincuencia hasta 2028 y que fue aprobada con el voto del PRI y del PRD, en esta ocasión no valió la amenaza de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a Alito, presidente del PRI.

El grupo de diputados de Morena tan solo obtuvo 269 votos a favor (Morena, PVEM, PT), 225 en contra (PRI, PAN, PRD, MC) y una abstención (Morena), muy lejos de las dos terceras partes necesarias para hacer cambios constitucionales. Sabedores de esto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la Cámara de Diputados para entregar un documento de 300 páginas (plan B) que, con el voto de la mayoría absoluta (mínimo 51 por ciento de diputados), logró en la madrugada aprobar las reformas a varias leyes electorales con 267 votos a favor y 221 en contra.

Ahora la iniciativa pasará al Senado para su discusión y, eventualmente, ser aprobado. El líder de Morena de esa cámara, Ricardo Monreal, advirtió en otra ocasión que la reforma electoral será discutida, consensada y que “no avalará regresiones”. Algo que, de entrada, debió haberse dado en la Cámara de Diputados. Otra vez quedó evidenciado que, al menos en el régimen cuatroteísta, los parlamentos abiertos para discutir cualquier reforma son un miraje o simple atole con el dedo.

Si de antemano se sabía —y AMLO lo reconoció en varias ocasiones ante las declaraciones del bloque opositor— que la reforma constitucional no pasaría, ¿entonces por qué se envió y se ideó el plan B? Por una sencilla razón y que puede constatarse en estos cuatro años de gobierno federal: se ha distinguido por la pendencia y la revancha (o desquite: RAE: Tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota).

La disputa política es la esencia de oposición, claro está. Sin embargo, no debería ser característica distintiva del gobierno constituido. En todo caso, su participación en la contienda debería ser con eficiencia en el desempeño gubernamental o en la búsqueda de legitimidad del mayor número de ciudadanos (se gobierna para todos, no solo para un sector de la ciudadanía). Lo que ha distinguido estos cuatro años de gobierno de AMLO es una disputa diaria con varios sectores de la población: conservadores, estudiantes, médicos, padres de niños con cáncer, España, la clase media, los fifís, el neoliberalismo, Claudio X. González, Calderón y un largo etcétera.

Por ello, el objetivo no es la reforma electoral per se, ni es ahorrarse unos pesos reduciendo al mínimo el accionar del Instituto Nacional Electoral (INE); el fin es, y lo he mencionado otras veces, vengarse de la institución por las elecciones de 2006 y por haberle quitado las candidaturas a la gubernatura a dos cercanos a AMLO: Félix Salgado Macedonio (Guerrero) y a Raúl Morón (Michoacán). Infinidad de veces el presidente ha dicho que no es rencoroso y que su fuerte no es la venganza, pero durante cuatro años no ha dejado de hacerlo (y cualquiera puede atestiguarlo en sus emisiones matutinas).

AMLO es como la anciana que anda arrastrando una cobija para ver quien la pisa para echarle bronca o la que, cuanto tocan a la puerta, se levanta con rapidez exclamando: “Ojalá sea pleito”. No hay peor combinación que el rencor obstinado y el culto a la personalidad en un gobernante.

Twitter: @ismaelortizbarb

jl/I