Agresiones contra periodistas; baja en la calidad informativa

La actividad periodística se constituyó en un elemento de fundamental importancia en la evolución de las sociedades contemporáneas al convertirse en un puente, valioso y estratégico, para consolidar la libre circulación de una información que la ciudadanía requería en la construcción de una sociedad representativa y plural, y que, con el paso del tiempo, adquirió una función estratégica de cadena de transmisión que favorecía, con sus insumos, al fortalecimiento de una sociedad democrática con un acceso, casi ilimitado, de noticias, novedades y de informaciones que reflejaban de forma clara el mundo, en todos sus aspectos, que los ciudadanos utilizaban y usan, en la toma de sus decisiones de sus vida prácticas.

El acceso a ese universo informativo constituyó una red fundamental para tener una forma accesible de un conocimiento y que, por esa razón, la relevancia de la función informativa en las sociedades occidentales adquirió una notabilidad y necesidad porque no se trata de un mercado de bienes específicos para un uso particular, sino que se constituyen, aun desde la información del estado del tiempo, una forma de comprender de manera efectiva la condición de vida en la que las audiencias se desenvuelven.

En tales condiciones, las agresiones en contra de periodistas, y comunicadoras y comunicadores en general, reviste la necesidad de analizar, más detenidamente, la violencia en contra del gremio. En efecto, el incremento de violencia contra periodistas constituye una forma de disminuir la condición y la posibilidad de transmitir la información que la ciudadanía requiere. En tal sentido, las agresiones constituyen un elemento sustancial en la disminución de un desarrollo estable, plural y representativo.

De acuerdo con información de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, “tan sólo durante la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos 45 periodistas asesinados, la mayoría en la impunidad”. Por otra parte, señalan que “entre 2000 y 2022, al menos 161 periodistas han sido asesinados en México en presunta relación con su labor”. Solo el año pasado fueron 13, el más letal desde que se tiene registro.

Con una semana de diferencia se registraron los últimos dos asesinatos de periodistas en Nayarit y Guerrero. Se trató de Luis Martín Sánchez y Nelson Matus Peña, los casos más recientes de atentados en contra del gremio periodístico que, como dice la organización Artículo 19, fueron “en posible relación con su labor periodística”.

En las diferentes administraciones federales desde el 2000, sin importar el signo político, el asunto de las agresiones a periodistas ha constituido un grave tema que no ha tenido resolución alguna. Nuevamente y de acuerdo con la organización Artículo 19, “(en la) violencia contra periodistas en México, más de 90 por ciento de crímenes impunes y mecanismos de protección insuficientes”.

Las consecuencias de esta ola de agresividad en contra del periodismo no es nueva, sin embargo, la reiteración de casos y la frecuencia con la que se presentan, aunada a una abundante impunidad, deja fuera de espacios favorables el desarrollo de la actividad informativa, cuyos efectos, como ya se señaló, tienen que ver con una disminución de oferta informativa y, con ello, mayor estrechez respecto de la diversidad de información que tiene una mayor demanda en un esquema de diversidad y oportunidad que se requiere en nuestros días.

La escalada de violencia reiterada debería plantear interrogantes profundas y acciones concretas por parte de todos los órganos de gobierno, independientemente de la marca política que representen, pues el efecto de este creciente fenómeno genera una disminución de una importante y sustancial oferta de comunicación.

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