El desgaste mediático para el Poder Judicial

En las últimas semanas se ha generado una diversificación de temas noticiosos que surgieron a raíz de las designaciones de las aspirantes candidatas de las dos coaliciones de peso en nuestro país para los comicios de 2024. Desde la mitad de junio y hasta la primera semana de septiembre, la atención se concentró en el sistema de elección de las aspirantes, así como de los debates que al interior de las coaliciones se generaban, y lo mismo, los efectos sobre las otras opciones políticas, y también la intervención en los procesos, propios y ajenos, por parte del presidente de la República.

Una vez que las selecciones de aspiraciones se definieron, y que no será hasta el próximo noviembre el momento en que se suscriban oficialmente las candidaturas de todos los partidos interesados en participar en la contienda electoral de 2024, la atención mediática en el proceso electoral se volverá a concentrar en los detalles de este proceso.

En estas últimas dos semanas, el tema de las controversias, primeramente del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, y ahora el proyecto presupuestal de recortes que el Poder Legislativo, siguiendo la iniciativa del presidente en contra del Poder Judicial, pone en el ojo mediático y de debate político la legitimidad o no de un recorte de las proporciones con las que el proyecto legislativo reduce los recursos del Poder Judicial.

Se trata de un recorte de 15 mil 200 millones de pesos que, en definitiva, tiene un efecto sobre la calidad y desarrollo de los procesos judiciales que, en muy diferentes niveles se verán afectados, a causa de las disminuciones presupuestales aprobadas en este momento por la Cámara de Diputados, siguiendo las directivas de la mayoría parlamentaria afín al presidente de la República y líder del movimiento de la cuarta transformación.

El debate relacionado con la justificación o no, de la eliminación de los fideicomisos que aseguraban el uso presupuestal de esos recursos, ha entrado en una escalada creciente de análisis respecto a la legalidad de la medida del recorte presupuestal. A la base de esos elementos se señalan los altos ingresos de los puestos superiores en la Judicatura Federal, que constituyen los argumentos que legitiman la mutilación presupuestal. Los ingresos de los altos funcionarios ni lejanamente representarían el volumen del recorte en los términos en los que se está planteando, pero mediáticamente constituyen un argumento que diferentes audiencias pueden comprender en su dimensión moral, pero no entender en su función de operación de un sistema que requiere elementos claros para su funcionamiento.

El problema genera una exposición desarticulada de las funciones del Poder Judicial, que el próximo año se encontrará en el centro de muchas de las discusiones de las disputas judiciales que implicarán las contiendas electorales. En ese sentido, la descalificación constante que se ha hecho del órgano electoral y seguida de la instancia posterior a la resolución de los conflictos de las elecciones, que recaerán precisamente en el ámbito judicial, o por el Tribunal Electoral Federal, o bien directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrarán en una zona de gran agotamiento conceptual al encontrarse en esta marea de conflictos que no plantean la problemática efectiva de la situación presupuestal, así como el significado real de las afectaciones de las altas disminuciones financieras para la operación del Poder Judicial.

Seguir extendiendo el nivel de la controversia, sin definiciones claras de los contenidos que sustentan los recortes y de la lógica que éstos impliquen en términos de programación financiera para la operación del Poder Judicial, complica la percepción ciudadana al no tener los elementos claros de esta reducción.

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