“No nos dejen morir aquí”

Los acontecimientos políticos en los últimos días en México han ocasionado que otros problemas latentes se releguen o se olviden en la vorágine de las noticias del día a día. Los videoescándalos de los hijos de una candidata y del presidente; el debate entre candidatos, el affaire Ecuador, los asesinatos de candidatos, las protestas contra la gobernadora de Campeche, etcétera.

Así, se ha olvidado que el pasado 27 de marzo se cumplió un año del terrible incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, 27 sobrevivieron con lesiones y secuelas de por vida, y 15 mujeres que “no han sido reconocidas como víctimas”.

La política migratoria mexicana, al igual que las políticas de salud, educación y seguridad pública, ha sido descuidada, improvisada y deficiente. La evolución del fenómeno de la migración en México ha tenido una serie de contrariedades y desatinos que, vista en detalle, se puede catalogar como una empresa fallida o un completo fracaso.

A un año de ocurrida la fatal tragedia, el miércoles se difundió el informe, realizado con una metodología rigurosa por cinco instituciones: la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa (es importante mencionarlas). El informe, titulado No nos dejen morir aquí, consta de 132 páginas y 10 apartados de donde se pueden resumir los hallazgos más importantes:

Se documentaron violaciones a los derechos humanos perpetradas antes del incendio: detenciones arbitrarias, desaparición forzada de corta duración, tortura y malos tratos a los migrantes. Se supo que antes del fatídico incendio, ya habían ocurrido otros 14 con anterioridad. El informe indica cómo el Instituto Nacional de Migración (INM) es la tercera institución “más violatoria de derechos humanos”: en lugar de transformase en una institución eficiente, con la militarización se ha vuelto inflexible, intolerante y violenta.

Se comprobó que las condiciones de detención en la estación migratoria eran inhumanas: se rebasó el número de detenidos, en un espacio reducido sin ventilación, sin acceso a agua y solo dos baños para los hombres; sin la revisión adecuada al ingresar, entre otras cosas. De acuerdo con los testimonios de los supervivientes, se evidenció que las autoridades migratorias decidieron –de forma intencional– no abrir la puerta a las personas detenidas: “Dejarlas morir”, concluye contundente el informe de marras.

Por último, hay evidencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha buscado culpar a mandos menores; mientras que el titular del INM, Francisco Garduño, aún sigue en sus funciones y ha obstaculizado el acceso de la justicia a las víctimas.

Lo anterior es una práctica recurrente del gobierno de la 4T: el culpable de la estafa maestra en Segalmex está en una oficina en la Secretaría de Gobernación; Florencia Serranía, ex directora del Metro, está en Conahcyt; López Gatell (Dr. Muerte) es asesor de Presidencia.

X: @Ismaelortizbarb

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