Cambiar al Poder Judicial sin destruirlo

¿Elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular terminará con la corrupción en el Poder Judicial? La respuesta enfática es no. ¿Mantener el actual sistema de designación es lo ideal? La respuesta enfática es no.

Ayer se llevó a cabo en Jalisco el segundo foro de consulta para revisar la propuesta de reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En torno a esta discusión hay escépticos que consideran que solo es una forma de validar cambios que ya están decididos. Quienes participan, por su parte, tienen confianza en que se podrán hacer modificaciones a la iniciativa.

Como ha ocurrido con la mayor parte de los temas que se discuten recientemente en el país, la polarización bloquea las discusiones serias. He escuchado argumentos sensatos de los que defienden la reforma y de quienes están en contra, pero no parecen existir las condiciones para que los cambios sean lo que realmente el país requiere.

La corrupción en el Poder Judicial existe. Nadie puede negarlo. Pero también es cierto lo que han expuesto algunos de sus representantes, que también hay administradores de justicia honestos, que hacen correctamente su trabajo a pesar de los riesgos que corren, y que privilegian el respeto a los derechos de las personas.

Al mismo tiempo, no podemos negar que la violencia y la inseguridad que se vive en nuestro país también es responsabilidad del Poder Judicial, por la impunidad y la corrupción en los procesos.

El esquema de nombramiento de quienes forman parte del Poder Judicial tiene relación con lo que no funciona.

Para mayor claridad, revisemos lo que ocurre en el Poder Judicial local de Jalisco. Los magistrados y consejeros de la Judicatura son designados por el Congreso del Estado. El esquema que se utiliza es el reparto de “cuotas y cuates” entre los partidos políticos representados en el Poder Legislativo.

Así que el perfil de quienes formarán los tribunales y la Judicatura lo deciden los partidos. Algunos optan por empujar a jueces que son cercanos a ellos, pero también hemos tenido casos de escándalo, como aquel diputado que designó a su asistente, a pesar de que no cubría ni los requisitos que marca la ley.

Los jueces, por su parte, son nombrados por los consejeros de la Judicatura, que también le responden al partido político que los nombró. Los nombramientos de jueces, la materia de la que conocen y la adscripción a un determinado juzgado se sigue también por un principio de reparto entre quienes tienen el control político de la Judicatura.

Nada más recordemos aquella larga lista de jueces que se nombraron cuando el presidente del Poder Judicial era Luis Carlos Vega, plagada de hijos de políticos o colaboradores de diputados y funcionarios públicos. Era una lista de jueces sin juzgado, que les “apartaba” el lugar que fuera quedando vacante. Ninguno tenía carrera judicial.

Las deficiencias en el funcionamiento del Poder Judicial han sido sin duda el hueco que encontró Morena para colar su propuesta. Lo importante será matizar esa propuesta y encontrar un esquema que permita dar un giro de timón a la administración de justicia en México, pero sin llegar a los extremos de la elección por voto popular donde, ni aún con candados, se podrían tener los filtros suficientes para que lleguen quienes realmente harán un buen trabajo. Otro punto toral será el plazo para la implementación que, si no se cuida, solo generará caos.

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