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Pagando las cuentas
Mejor restar
Los foros para la reforma del Poder Judicial se presentan como un teatro de lo absurdo; una farsa montada por la mayoría presente y futura de Morena y sus aliados en el próximo Congreso para justificar, con su mayoría, la reforma. Si bien los argumentos vertidos en los foros por expertos juristas y constitucionalistas coinciden en que debe realizarse una reforma a ese poder, en lo que no han convenido es en la elección popular de los ministros, magistrados y jueces.
Morena y sus satélites (dependiendo cómo se integren ambas cámaras legislativas como lo defina el INE o el Tribunal Electoral) buscan tener más sobrerrepresentación de 8 por ciento, como lo establece la Constitución, lo que les daría mucho más que el límite establecido por la Carta Magna (más de 70 por ciento). Con ello, tendrán el camino libre para aprobar enmiendas constitucionales sin necesidad de la oposición minoritaria (aunque deberán ser ratificadas por el Senado y ahí no la tendrá).
Si nos atenemos a los resultados electorales, de acuerdo con la lista nominal (LN), solo acudió a las urnas 60 por ciento de los electores: del total de votos recibidos por la coalición ganadora recibió solo 33.13 de la LN; o sea, solo uno de cada tres votó por la esa opción política. Si consideramos que la población mexicana asciende a 127.5 millones de habitantes, entonces tendríamos que solo votó por la Seguimos Haciendo Historia 26 por ciento de la población mexicana (a ese porcentaje asciende “el pueblo”).
Algunos morenistas han argumentado que, con el porcentaje de votos recibidos en los pasados comicios, tienen carta blanca para hacer los cambios constitucionales que les dicte el inquilino de Palacio Nacional porque es un mandato del pueblo. Pues bien, el grupo mayoritario no representa a la totalidad del pueblo. Es más, ahora pretenden que sea día festivo el 2 de junio por el triunfo electoral de AMLO, otra vez asumiendo que su triunfo fue de todo el país: tan solo fue un triunfo partidista, no del “pueblo”.
Si por pueblo consideramos que es, en un sentido amplio, un colectivo de habitantes de un país o una comunidad política, que comparten una serie de derechos y deberes y están sujetos a las mismas leyes y gobernantes, entonces no se puede dejar fuera los ciudadanos que no acudieron a las urnas o que no votaron por Morena.
Así, el pueblo está protegido por un marco constitucional que garantiza sus derechos y libertades fundamentales, asegurando la inclusión y el respeto a la diversidad dentro de la comunidad política. Esta definición reconoce tanto la dimensión inclusiva y participativa del pueblo en la gobernanza democrática como la necesidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los grupos minoritarios sociales y políticos.
La Constitución y las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de la minoría, como la libertad de expresión, de asociación y de participación política.
Debe haber mecanismos institucionales que impidan que la mayoría abuse de su poder y margine a la minoría.
X: @Ismaelortizbarb
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