El Zapotillo, omisiones, errores y corrupción

El proyecto para construir la presa El Zapotillo con una cortina a una altura de 105 metros es “inexistente”. Eso dice la notificación que recibieron Consuelo Carbajal, vecina del poblado de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, y Luis Villegas, de Acasico, en Mexticacán.

La notificación forma parte del proceso de expropiación que había comenzado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para quedarse con sus tierras. Estos dos poblados, junto con Palmarejo, estaba previsto fueran inundados con la construcción de la presa El Zapotillo.

El abogado Guadalupe Espinoza Sauceda nos contó que el caso de doña Chelo es el último que quedaba pendiente en Temacapulín. Los procesos de expropiación fueron llevados a cabo por diferentes autoridades, según las condiciones de propiedad, para intentar quedarse con todos los inmuebles de ese poblado y así poder inundarlo.

Es decir, podemos considerar que con esta notificación, la Conagua le dice a los pobladores de Temacapulín que, después de tres sexenios, los dejará en paz. ¿Significa esto el triunfo definitivo? No se puede saber. Pero es sin duda un importante triunfo.

Guadalupe Espinoza es un abogado honesto, que ha acompañado la causa de Temacapulín y que se ha enfrentado al Estado. Su mejor virtud, junto con la de otros abogados que han trabajado para los pobladores de las tres comunidades y los de la región de los Altos, como es el caso de Alejandro López Aguayo, es que van ganando.

Gracias a esos abogados el proyecto para la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto que va de la presa a la ciudad de León, Guanajuato, no se han concretado. Es decir, no se trata de una concesión de las autoridades para los habitantes de estos municipios de Jalisco, sino de una lucha incansable, inteligente y bien apuntalada jurídicamente.

Claro, para que eso sea posible, han jugado un papel importante las omisiones, corrupción y fallas de la autoridad. La atención en estas grietas en el proyecto por parte de quienes se oponen al mismo, les ha permitido pararlo en tribunales.

En el caso de la presa El Zapotillo, la Conagua informa a la señora Consuelo y a don Luis que no seguirá con el proceso de expropiación porque están vigentes las suspensiones de juicios de amparo en contra de la cortina a 105 metros. Esos amparos se basan en el grave error que cometió el ex gobernador Emilio González Márquez, al firmar los acuerdos de distribución de agua de 2007 sin consultar al Congreso del Estado.

La aprobación del Poder Legislativo era necesaria porque se trataba de un acuerdo que trascendía su sexenio. Esa fue también la razón por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del Congreso local en una controversia constitucional, con lo que la construcción de la cortina tuvo que detenerse en 80 metros.

El caso del acueducto enfrenta sentencias por motivos atribuibles a la autoridad. Primero, la corrupción en torno a la contratación de la empresa Abengoa y el depósito de dinero de los trabajadores del estado para tratar de salvarla de su crisis económica no fueron suficientes para que la empresa tuviera la fuerza para colocar al menos un tubo.

El procedimiento que empezó Abengoa para exigir que la indemnicen con el monto total de lo que cuesta la obra y el abasto de agua es un verdadero catálogo de las irregularidades que hubo en torno a este proyecto. La empresa se quedaría con el agua para venderla, a cambio del regalo de la tierra por donde pasaría el acueducto, sin importar que fueran propiedades privadas, públicas, derechos de vía, ductos de agua y drenaje o hasta de combustible. Parece que fue diseñado desde un escritorio, por un funcionario a quien lo único que importó fue firmar el contrato.

Así, el proyecto de la presa es víctima de sus propios autores, cuyas fallas simplemente fueron aprovechadas por una de las luchas sociales más ejemplares del país.

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