Justicia transicional

El domingo pasado se llevó a cabo la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, que partió de Cuernavaca el jueves 23 y llegó el domingo al Zócalo de la Ciudad de México, donde fue recibida por senadores de varios partidos (claro, menos los de Morena). Al concluir la marcha, los organizadores entregaron una carta abierta dirigida a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y signada por Javier Sicilia. El otro que presentaron fue el documento Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicho documento –como lo hizo notar AMLO al día siguiente en la mañanera– se publicó en 2018. 

En varias ocasiones, durante los meses y semanas previas a la marcha, el poeta Sicilia había expresado muchas veces el concepto de “justicia transicional”. Ante la situación cada vez más violenta que se experimenta en el país y la incapacidad de las autoridades e instituciones responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia para dar respuesta a esta problemática, el documento tiene como propósito “contribuir a informar el debate público y aportar elementos para la toma de decisiones que el país requiere con urgencia”. 

El término “justicia transicional” significa la búsqueda de soluciones a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos o cuando se ha quebrantado el estado de derecho. Tiene como objetivo reconocer a las víctimas e impulsar iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Se supone que es una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período prolongado de ausencia de respeto a los derechos humanos. El estudio establece que la justicia transicional se sustenta en cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y no repetición. 

La justicia transicional reconoce que, ante este escenario generalizado, las acciones violentas de alto impacto a gran escala, las herramientas legales e institucionales vigentes se tornan insuficientes y en ocasiones inviables. A este tipo de justicia corresponde aplicarla en situaciones extraordinarias, similares a las que experimenta la seguridad pública en el país, además de empatar con el principio de la llamada cuarta transformación (4T). Sin embargo, ante la filtración de las iniciativas que se pretendían presentar mañana, se evidenció que, al buscar la problemática se pretendía embestir los derechos humanos, en contradicción uno de los pilares de la justicia transicional, a todas luces inadmisible. 

La justicia transicional tiene una serie de herramientas (como parte de políticas públicas integradas) para cumplir su cometido en nuestro país a partir de cuatro ejes fundamentales y que se explican en el estudio. En el eje verdad se contemplan: comisiones de verdad, comisiones de investigación, informes para la memoria histórica, incorporación de iniciativas ciudadanas. En el eje justicia: crear fiscalías especializadas (que incluyan mecanismos internacionales), juzgados especializados de alto impacto, amnistías y juicios abreviados, entre otros. En el eje reparaciones: establecer un programa administrativo de reparaciones. En el eje no repetición: generar datos sobre violencia de alto impacto a gran escala y violaciones graves de derechos humanos; elaborar un plan de acción para cumplimiento de recomendaciones nacionales e internacionales en derechos humanos, entre otras medidas. 

Estas propuestas explicadas en el documento ni siquiera fueron consideradas por AMLO, quien con la marcha además salió raspado: primero, no haber recibido a los integrantes de la marcha; dos, considerarla un “show”, pues debía “cuidar su investidura” (“No soy yo”); y tres, acusar a las organizaciones por “callar como momias”. 

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